Hablar del crimen y la inseguridad en América Latina es referirse a uno de los principales desafíos sociales y políticos de la región. La región se enfrenta a tasas de homicidio que, en varios países, se ubican entre las más altas del mundo, lidiar con fenómenos como el narcotráfico, la extorsión y el control territorial de grupos armados, y reconocer que la violencia no solo afecta la vida cotidiana, sino también la economía, la inversión y la confianza en las instituciones.
Así, la inseguridad se ha convertido en una de las principales amenazas para el crecimiento económico y la competitividad de América Latina. De acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia cuestan cada año más de 261.000 millones de dólares a la región, el equivalente al 3,55% del PIB, una cifra que supera ampliamente la inversión en infraestructura y que duplica los costos en países desarrollados.
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Este peso económico refleja no solo el gasto en seguridad y justicia, sino también pérdidas en capital humano, productividad e inversión privada.

Crimen
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La ciberdelincuencia impone costos igualmente significativos, según IBM, un informe de filtración de datos en América Latina, da cuenta que en promedio cuesta 2,76 millones de dólares por incidente, mientras que en los sectores financiero e industrial los montos ascienden a 3,22 millones de dólares y 3,54 millones de dólares, respectivamente.
Además, se estima que en la región los daños por ciberataques pueden representar en promedio hasta 1% del PIB, llegando a 6% en caso de infraestructuras críticas afectadas.
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En Colombia, el panorama no es menos alarmante, los ciberataques generan pérdidas superiores a 7 billones de pesos al año, atribuidos principalmente a fraudes digitales y ransomware. Además, cada ataque tiene un impacto económico estimado cercano a $1.000 millones en promedio por empresa, lo que convierte a la ciberseguridad en un factor determinante para la sostenibilidad del sector productivo y la atracción de inversión extranjera.
Por ello, recientemente se realizó en Panamá el primer Congreso de Seguridad de las Américas, organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y Fecolsep. Al respecto, César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, señaló que dicho evento buscó «abrir un diálogo entre gobiernos, empresas y sociedad civil para construir un modelo de seguridad integral y humana, basado en la cooperación, la tecnología y el respeto por los derechos fundamentales”.

Ciberataques
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Allí participaron líderes y delegaciones del sector de seguridad provenientes de México, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, así como representantes de asociaciones especializadas de toda América Latina, quienes hablaron sobre temas como el impacto económico de la inseguridad en la competitividad e inversión extranjera, cibercrimen y protección de infraestructuras críticas, Neuroseguridad e inteligencia artificial aplicada al delito, Migración, cambio climático y crimen organizado transnacional, innovaciones tecnológicas en vigilancia, análisis de datos y gestión de riesgos empresariales.
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Y es que hay que decir que la seguridad dejó de ser un asunto exclusivo de fuerzas públicas para convertirse en un factor decisivo en la toma de decisiones empresariales, la confianza de inversionistas internacionales y la proyección de los países en los mercados globales.
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