Diario HOY | Información genérica sobre hechos vandálicos: lo que responde la Policía

Los fiscales Patricia Sánchez, Verónica Mayor, Hernán Galeano, Alcides Corvalán, Federico Leguizamón y Nathalia Silva ordenaron la liberación de todos los aprehendidos durante la manifestación de la generación Z. Esto, tras tomar declaración indagatoria a cada uno y constatar que no registraban antecedentes.

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Las actas policiales exponen información muy genérica y no atribuyen hechos específicos a nadie, por lo que, no surgen suficientes elementos de sospecha razonable que justifiquen mantener la privación de libertad de estos jóvenes

Al respecto, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, dio una respuesta de las actuaciones policiales.

“Los que participan en hechos vandálicos participan en grupo y cuando son aprehendidos se pone a disposición del Ministerio Público y es el Ministerio Público el que, al final del día va a determinar su detención o liberación. Por la naturaleza de la aglomeración es muy difícil decir esta persona fue la que lanzó la piedra”, afirmó, en un contacto con la 730 AM.

Aseguró que todo se hizo en regla y que nada se tomó a la ligera, por lo tanto, los aprehendidos fueron llevados a la Agrupación por los incidentes.

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En la sesión ordinaria de este martes, la Cámara Baja incluye el proyecto de ley de arbitraje remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta.

Según la explicación, este proyecto moderniza por completo el régimen arbitral nacional, incorporando principios del derecho internacional, validez de acuerdos electrónicos, ampliación de materias arbitrables y garantías procesales más sólidas.

Además, fortalece la independencia de los árbitros, la seguridad jurídica para las partes y se redefine la relación con el Poder Judicial, facilitando la ejecución de laudos y la cooperación institucional.

“Lo que se quiere generar es una alternativa al proceso judicial, no competir con el Poder Judicial, sino ser socio con el Poder Judicial y generar un ambiente y ecosistema más propicio y, en segundo lugar, porque los países en los que el arbitraje funciona bien, es una gran industria de comercios y servicios”, explicó el asesor jurídico, Roberto Moreno, durante la presentación del proyecto en el Palacio de López.

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Toda cuestión de contenido patrimonial y transigible podrá ser sometida a arbitraje, así como aquellas que la ley o los tratados y acuerdos internacionales autoricen. No podrán someterse a arbitraje las controversias relacionadas con relaciones laborales individuales.

Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.

Si las partes determinaron un número par de árbitros, la cláusula se entenderá ipso jure reducida al número impar próximo más bajo.

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes.

Cuando se designe a una persona jurídica como árbitro, se entenderá que dicha designación está referida a su actuación para nombrar árbitros.

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Ocho policías resultaron heridos durante la movilización de 350 personas en el microcentro de Asunción.

El comandante Carlos Benítez informó que los agentes recibieron pedradas y cascotazos, entre ellas, siete mujeres y un hombre, quien “perdió gran parte de la dentadura y sufrió lesiones graves en el rostro”.

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Identificar a las personas que agredieron a los policías se hace muy difícil, ya que el ataque partió de una masa y del anonimato, detalló Benítez, por tanto, los costos del tratamiento corren por cuenta de la Policía a nivel institucional.

Respecto a la joven y a su madre que resultaron heridas tras un accidente de un agente del Grupo Lince que perdió el control, luego de recibir una pedrada, el comandante conversó con ellas y les pidió disculpas por teléfono, mientras que, el jefe del Grupo Lince visitó a ambas en el hospital.

Luego de tomar declaración indagatoria a cada uno y de constatar que ninguno de los jóvenes registra antecedentes, los fiscales Patricia Sánchez, Verónica Mayor, Hernán Galeano, Alcides Corvalán, Federico Leguizamón y Nathalia Silva ordenaron la liberación de todos los aprehendidos.

El argumento para esta decisión fue que las actas policiales que reportaban lo acontecido, exponían información muy genérica y no atribuían hechos específicos a nadie, según el análisis del Ministerio Público.

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“No surgen suficientes elementos de sospecha razonable que justifiquen mantener la privación de libertad de estos jóvenes”, explicaron.

Los intervinientes indicaron que la investigación sigue abierta, pero que, del primer examen de los indicios y elementos recogidos no encontraron nada relevante.

Los fiscales buscarán confirmar o descartar la participación de cada uno antes de cerrar la pesquisa.

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