Los nuevos documentos comprometen su imagen pública y ponen en jaque su rol en el Congreso y en el espacio libertario.
El legislador José Luis Espert se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial luego de que se difundieran documentos que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, imputado en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, el lavado de dinero y el fraude. Las revelaciones han provocado críticas cruzadas dentro del Congreso, pedidos de remoción de cargos y cuestionamientos sobre la legitimidad de su rol público.
Nuevos datos que sacuden la escena
- Documentos oficiales del IRS (Internal Revenue Service) de Estados Unidos muestran una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020 hacia Espert desde una sociedad controlada por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin.
- La misma causa de Estados Unidos investiga vuelos con transponder apagado —es decir, vuelos “clandestinos”— en aeronaves asociadas a Machado. Entre esos viajes se incluye un vuelo Buenos Aires–Viedma utilizado por Espert.
- También salen a la luz uso de una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada, registrada a nombre de un primo de Machado, utilizada por Espert en su actividad política.
- En el ámbito parlamentario, se presentó un proyecto de resolución para expulsarlo de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral sobreviniente”, suscripto por legisladores de Unión por la Patria y otros bloques.
- El fiscal Fernando Domínguez debe resolver si la denuncia recayente en San Isidro es trasladada a Comodoro Py, donde ya hay otro expediente previo contra Espert por presunto financiamiento narco.
Antecedentes y contexto
La presunta relación entre Espert y Machado viene de años atrás. Ya en 2019 se había divulgado que el economista viajó en un jet vinculado a Machado para actos proselitistas. En 2021 se había presentado una denuncia en Comodoro Py por financiamiento ilegal de campaña, pero sin que prosperaran mayores avances. La caída de Machado en Estados Unidos, con orden de captura internacional, reavivó las sospechas que reposaban en el ámbito político local.
Además, las normas del Congreso argentino contemplan la posibilidad de expulsar legisladores por “inhabilidad moral” tras hechos notorios, pero ese camino institucional es complejo y poco frecuente.
Opiniones y voces relevantes
Desde el bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez manifestó:
“No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión.” Fuego 24
Por su parte, el vocero oficial Manuel Adorni desestimó las acusaciones al calificarlas de “operación política”. Afirmó que se trataría de una estrategia para condicionar la elección.
Espert, ante los medios, justificó:
“Agradecí a una persona que me habían presentado. Si hubiera sabido su situación, no lo habría hecho públicamente.” PAGINA12
Pero esta explicación suscita escepticismo: el uso de vuelos privados, el vehículo blindado y la magnitud monetaria de la transferencia van más allá de un simple agradecimiento espontáneo.
Impactos múltiples: político, institucional y simbólico
- Político: La legitimidad de Espert como dirigente del espacio libertario queda erosionada. Varios sectores internos ya dan señales de distanciamiento.
- Institucional: El caso pone en tensión la posibilidad real de que un legislador acusado mantenga cargos clave, como la presidencia de la Comisión de Presupuesto.
- Simbolismo: En un contexto donde la lucha contra el narcotráfico es tema central en la agenda pública, la vinculación de un representante político con acusaciones tan graves mina la credibilidad del sistema democrático.
El escándalo sobre los vínculos entre José Luis Espert y Federico Machado configura un momento de inflexión: no solo por lo complejo de las acusaciones, sino por las implicancias que conlleva para la ética política, el control institucional del narcotráfico y la rendición de cuentas. La decisión del fiscal Domínguez, la respuesta del Congreso y la actitud del propio Espert serán claves.
Queda en el aire una pregunta que marcará el curso del caso: ¿será suficiente la vía judicial para esclarecer responsabilidades o el entramado político limitará los avances definitivos? En cualquier caso, el episodio servirá como prueba de fuego para la transparencia institucional y la tolerancia política frente a alianzas sospechosas.
