El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Maraniello, quien a pedido del Gobierno prohibió esta semana a los medios de comunicación la difusión de los audios filtrados de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya acumula 13 expedientes en el Consejo de la Magistratura. Los motivos van desde supuesto acoso sexual a abuso de poder y ahora limitar con esa polémica medida, la libertad de Expresión.
Una vez ingresadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, las nuevas denuncias que se están presentando contra Maraniello pueden ser asignadas a la Comisión de Disciplina, o bien a la Comisión de Acusación lo que no es un dato menor para que eventualmente terminen con una sanción o un juicio político para su destitución.
Por otra parte, el presidente de Net TV Jorge Fontevecchia, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, Hernán Gullco, Roberto Gargarella, y Sebastián Guidi, se presentaron en la causa abierta por el Gobierno y pidieron la revocatoria de la cautelar porque viola varios derechos constitucionales.
Ahora la suerte final de las denuncias contra Maraniello dependen de esa asignación, dado que si va a Disciplina la máxima sanción posible es una multa, pero si va a Acusación, en cambio, puede concluir en una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y su suspensión, con eventual destitución, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
La decisión de a qué comisión se asigna la denuncia está a cargo del “Comité de Asignación”, que lo componen los presidentes de ambas comisiones: el abogado César Grau cercano al peronismo, que es el presidente de Disciplina, y el senador del PRO Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación. En caso de empate, le corresponde resolver a los vicepresidentes, la jueza de “Compromiso Judicial” Alejandra Provítola o el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, respectivamente.
La Comisión de Disciplina está integrada por los consejeros y jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, el académico Hugo Galderisi, Grau; así como el juez Alberto Lugones, la senadora K María Inés Pilatti Vergara, Provítola y los senadores Mariano Recalde (PJ) y Eduardo Vischi (UCR).
A su vez, la Comisión de Acusación está integrada por los consejeros Álvaro González (diputado del PRO), Grau, Juez, el abogado Alberto Maques cercano a la UCR, Roxana Reyes (diputada de la UCR) y los diputados K Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
El futuro de Maraniello es un “gran desafío para el estamento de jueces y abogados” que, en general, suelen retrasar la investigación de las denuncias contra jueces como pasa como las de Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla, entre otros, dijo una fuente judicial.
La primera denuncia contra Maraniello por el “bozal legal” a los medios la presentaron esta semana la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes y es por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente.
Al argumentar las razones de ese pedido, advirtieron que la prohibición de publicar los audios de Karina Milei «implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública».
También señalan en la denuncia que podría haber «connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura» a través de Santiago Viola, abogado de Karina Milei a cambio de frenar todas estas denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Además, la presentación judicial le endilga a Maraniello la participación en una «supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación», da cuenta de denuncias de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género.
La denuncia señala que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AAJC). Sin embargo, esta semana Maraniello presentó su denuncia a esa entidad y fue reemplazado por Rosa Fernández Campasso, informaron a Clarín fuentes judiciales
En esta institución «también participan como parte el consejero del Magistratura, Dr. Alberto Lugones, y algunos camaristas del fuero civil y comercial federal, Dres. Alfredo Silverio Gusman y Dr. Eduardo Gottardi, miembros del Tribunal de alzada respecto de las decisiones de Maraniello», afirmó Carrió. Lugones es uno de los que debería resolver sobre las denuncias.
Dicha institución «resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”. Estos están siendo investigados por el fentanilo contaminado y su dueño Ariel García Furfaro con prisión preventiva.
Precisamente los vínculos asociativos de Marianello «sugieren un entramado de favores recíprocos que amerita una profunda investigación. De confirmarse tal extremo, estaríamos ante un tráfico de influencias encubierto bajo la fachada de una asociación civil –lo cual reviste evidente gravedad institucional– y ante actos de arbitrariedad manifiesta en el ejercicio de la función judicial (causal del art. 25 inc. 4, ley 24.937)».
Maraniello, que fue designado juez federal por un decreto firmado por Mauricio Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, quedó en el centro de la escena y de las críticas al hacer lugar al pedido que hizo el Gobierno poco después de que se publicaran más audios de la secretaria general de la Presidencia grabados en la Casa Rosada en el caso ANDIS.
De hecho, fue el propio Gobierno de Milei el que, poco después de conocerse que había presentado una denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, dio cuenta de que Maraniello había ordenado «el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada», señalando que «se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
Sin embargo, y además de todo el arco opositor, constitucionalistas, ADEPA, FOPEA y hasta el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda cuestionaron ese fallo y consideraron que lesiona la libertad de Expresión.
A su vez, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, evitó profundizar sobre el fallo pero puso el foco en la importancia de la libertad de Expresión y advirtió que «es central para la democracia». Maqueda, que se fue del máximo tribunal en diciembre pasado, calificó esa resolución de «lamentable». «El fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión, y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad. Todo lo contrario a lo que venía desarrollando antes», cuestionó Maqueda.
Y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti dijo en Córdoba que la Corte “siempre” va a defender la libertad de Expresión cuando le preguntaron sobre el fallo de Marianello, aunque sin dar detalles.
En fuentes judiciales se informó a Clarín que Maraniello tiene los siguientes expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura:
– Dos abiertos en la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor de la Magistratura. Se trata del 112/2023 que tiene una propuesta de rechazar in limine la denuncia. El denunciante fue María Mercedes Re con la Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN, 2023. Se cuestiona designaciones arbitrarias y se alega que el juez sólo nombra empleados de la Asociación académica que preside: Asociación de Justicia Constitucional Argentina. El expediente lo tiene el consejero Lugones. Además, tiene el expediente 136/2024 también con propuesta de desestimar la denuncia. En este caso la denunciante es Guadalupe Verónica Benítez. Es por la supuesta dilación de más de 12 años en expediente Judicial “Benitez c/ Telefónica” y falta de resolución El caso lo tiene el juez Lugones.
Por otra parte, en la Comisión de Disciplina tiene seis expedientes abiertos. El primero es el 105/2024. El denunciante es José Luis Matilla. Es por supuesto retardo en habilitación de feria para un amparo de salud en el PAMI – Hospital Milstein). Lo tiene Grau. Otro es el expediente 139/2024. Los denunciantes son Insaurralde Tajan y García M. de la Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN. Es por supuesto acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, abuso de poder, maltrato, uso indebido de recursos públicos y conducta inapropiada en redes. Lo tiene la jueza Provítola. Otro es el expediente 157/2024 con los mismos denunciantes que el anterior. Pero es por supuesto abuso de poder, acoso laboral y maltrato así como financiamiento de insumos y recursos del tribunal usados para su asociación. Lo tramita Lugones. Además, está el expediente 165/2024 que hizo una ex empleada que tiene reserva de identidad. Es por supuesto acoso laboral, presuntos delitos contra la integridad sexual, maltrato. Lo tiene el senador Juez.
En esta comisión, está el expediente 172/2024 abierto por seis personas que pidieron identidad reservada. Lo tiene también Lugones. Otro es el expediente 68/2025. La denunciante es Patricia Neme que es apoderada de la Red de Defensa al Consumidor y Usuarios (REDECU). La denuncia es por supuesto prevaricato en amparo de salud. Se alega que favoreció a PAMI pese a no ser el juez competente. Lo tiene el senador Vischi.
A su vez tiene, cinco expedientes en el llamado Comité de Asignación del Consejo de la Magistratura. Uno es la supuesta denegatoria y retardo de justicia. Señala viajes frecuentes del juez como causa de demora. Otro es es de Fernando Míguez (periodista y miembro de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático) por abuso de poder y prevaricato por la restricción de difusión de audios de Karina Milei. Alega connivencia con el gobierno. Otro es el 2025 del ex diputado Claudio Lozano quien alega supuesto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento de deberes en el marco de la medida cautelar decidida a favor de Karina Milei. Y piden citar como testigos a los constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez. Otra es la denuncia ya citada de Carrió. Y un quinto, el 156/2025, es de la ex diputada Victoria Donda Pérez, también, por la censura a los audios de Karina Milei.
