Diario HOY | Supremo brasileño deja a Bolsonaro cerca de una condena por golpismo

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución.

En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados.

El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización.

“Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación.

En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

– Banquillo vacío –

Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala.

Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud.

Está acusado de cinco delitos, entre estos intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin.

La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable.

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio.

Mientras el 53% cree que Moraes aplica las leyes, el 39% estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

– ¿Nuevas sanciones de Trump? –

Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50% a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes.

Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie.

“Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis.

Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz.

Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

– Amnistía –

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados.

Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía.

Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026.

Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle.

Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Laura Yourex publicó una foto en sus redes sociales mostrando a su perra, Maya Jean, con un adhesivo de “Yo voté” tras una elección regional de California en 2021.

Otra publicación de octubre de 2024 tenía una foto del collar de Maya y la boleta de votación con la leyenda “Maya aún recibe su boleta”, a pesar de que la mascota había muerto.

Yourex, de 62 años y residente de Costa Mesa, próxima a Los Ángeles, se denunció a sí misma sobre el supuesto fraude electoral el año pasado.

El fiscal distrital investigó el caso y Yourex fue acusada con un cargo de perjurio, otro de buscar u ofrecer un documento falso o adulterado, dos cargos de votar sin autorización, y un cargo de registrar una persona inexistente para votar.

Tras una breve presentación ante la corte el martes, el abogado de Yourex les dijo a los periodistas que su clienta trataba de demostrar lo que ella consideraba una falla del sistema electoral estadounidense.

“Laura Yourex lamenta sinceramente su torpe intento de exponer irregularidades en nuestro sistema de votación, al intentar probar con una demostración que incluso un perro puede registrarse para votar”, dijo Jaime Coulter a los medios.

“La señora Yourex no evitó asumir su responsabilidad personal, siendo que ella misma informó el asunto al registro electoral del condado de Orange, con la intención de que fuese investigado y, en última instancia, que mejorase nuestro sistema electoral”.

Bajo la ley electoral de California, los ciudadanos se pueden registrar para votar si consignan una declaración jurada, firmada bajo pena de perjurio, con sus datos personales y preferencia partidista.

“No se requiere prueba de residencia o identificación a los ciudadanos que se registran para votar en las elecciones regionales ni para consignar una boleta en elecciones regionales”, dijo un comunicado de la fiscalía del condado de Orange.

“Pero la prueba de residencia es requerida para los votantes que por primera vez van a votar en una elección federal”.

“En consecuencia, la boleta presentada por Maya Jean en las primarias de 2022 fue cuestionada y rechazada”.

La seguridad del sistema electoral de Estados Unidos se volvió un tópico sensible recientemente, con voces del partido republicano afirmando, sin evidencias, que el registro está lleno de muertos y extranjeros.

Estudios y análisis independientes no han conseguido callar los reclamos, que el presidente Donald Trump amplifica para aumentar la desconfianza en el sistema, a pesar de que los votos lo han favorecido

Matmandú, Nepal

“Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y descubrieron fuego al edificio principal”, declaró a la AFP un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.

Videos difundidos en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de Katmandú, la capital nepalí.

Las manifestaciones empezaron el lunes para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y para denunciar la corrupción.

Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía utilizó munición real contra los manifestantes.

Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que afectó entre otros a Facebook, YouTube, X y LinkedIn, acusados ​​de no haberse registrado antes las autoridades en el plazo establecido.

El martes, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y se arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos.

Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, constató un periodista de AFP.

La residencia del primer ministro Sharma Oli, de 73 años, también fue incendiada, según un fotógrafo de AFP.

El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía “con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política”, declaró en una carta dirigida al presidente Ramchandra Paudel.

– “El futuro nos pertenece” –

“El Gobierno ha caído, los jóvenes han ganado y tomaron el control del país”, se alegró un manifestante, Sudan Gurung.

“El futuro es nuestro”, sentenció.

Varios de los participantes, en su mayoría hombres jóvenes, ondeaban la bandera nacional mientras intentaban escapar de los cañones de agua desplegados por las fuerzas de seguridad.

El aeropuerto de Katmandú permaneció abierto, aunque se cancelaron vuelos debido a la menor visibilidad causada por el humo de los incendios, declaró su portavoz, Rinji Sherpa.

En un comunicado publicado el martes, el presidente nepalí instó “a todos, incluidos los manifestantes, a cooperar para resolver pacíficamente la difícil situación del país” e “hizo un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación (…) y entablen negociaciones”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió diálogo y dijo estar “consternado” por la escalada de violencia. “Es importante que se escuchen las voces de los jóvenes”, declaró Volker Türk en un comunicado.

Sharma Oli, que también es jefe del Partido Comunista nepalí, comenzó su cuarto mandato como primer ministro el año pasado, después de que su formación integrara una coalición de gobierno junto al Congreso Nepalí, de centroizquierda.

El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico.

La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial.

El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida.

© Agencia France-Presse

Bogotá, Colombia

Según investigaciones preliminares, un equipo de guardacostas abrió fuego contra el bote de la alcaldesa local Karen Pineda en un retén que al parecer no tenía información sobre el paso de esta embarcación en la madrugada por aguas del Pacífico, en el departamento de Nariño. La alcaldesa resultó ilesa.

“Navegaba en el río Patía Guandipa, en sentido contrario a alta velocidad, en la oscuridad, sin luces de navegación, ante lo cual, el personal Militar en observancia a las reglas del uso de fuerza y ​​los procedimientos, activaron sus armas para salvar su integridad física y su vida”, dijo la Armada en un comunicado.

Videos difundidos por medios locales muestran militares socorriendo a las víctimas tras los disparos.

“El incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”, dijo el presidente izquierdista Gustavo Petro en X y dio condolencias a la familia de Luis Fernando Sánchez, el asesor fallecido. Petro pidió una investigación al respecto “con todo rigor”.

Líderes sociales de la región aseguraron en redes sociales que el ataque fue fruto de una “confusión” y pidieron esclarecer los hechos.

Los controles costeros son habituales en la zona.

“No pueden partir fuego contra una embarcación, menos si no les han disparado”, dijo el líder social y exsecretario del gobierno regional Benildo Estupiñán al canal Caracol.

La Defensoría del Pueblo pidió “garantizar el acceso a la verdad y la justicia” en una investigación “exhaustiva y transparente”.

Colombia está sumida en su peor ola de violencia en la última década debido al enfrentamiento entre grupos ilegales, que se disputan territorios dedicados a actividades lucrativas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En medio de atentados con bombas, drones y retenciones de militares, el primer mandatario izquierdista de Colombia enfrenta críticas de la oposición por su estrategia de privilegiar el diálogo con los grupos armados en lugar de declararles una guerra frontal.

© Agencia France-Presse