Por Sara Leukos. Resumen Latinoamericano., 10 de septiembre de 2025.
“Un defensor de derechos Humanos es aquel se interesa por los derechos de los otros.”
Digna Ochoa
En mi memoria encontré la canción “Dignificada”, de la cantautora oaxaqueña Lila Downs, incluida en su álbum de 2004 Una sangre. Esta pieza está dedicada a la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ampliamente reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos y galardonada con diversos premios internacionales.
Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho, ubicado en la calle Zacatecas 31 de la colonia Roma, la tarde del 19 de octubre de 2001. Es importante subrayar que ella nunca manifestó intención alguna de quitarse la vida, como intentaron sostener ciertos informes de la Procuraduría mexicana, los cuales resultaron amañados y desvirtuaron la verdad de lo sucedido.
I. Violencia sistemática contra la abogada Digna Ochoa
Allá en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al sur es la voz del silencio
Lila Downs
La violencia directa contra Digna Ochoa adopta una dirección rizomática, enlazándose de un nodo a otro en su existencia: su labor comprometida en la defensa de los derechos humanos y su acción política. Durante varios años, trabajó en casos en los que estaban implicados funcionarios de la Procuraduría General de la República y miembros de las fuerzas armadas, señalados por graves violaciones de derechos humanos.
Ante su asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino, subrayando la gravedad del caso. Es necesario recordar que los hechos atroces contra Digna Ochoa no se reducen a su muerte, sino que se desarrollaron mediante un modus operandi de violencia sistemática que incluyó acoso, tortura, secuestro, intimidación y hostigamiento.
Esta estructura rizomática se fundamenta en un modelo criminal estatal de carácter nodal, que no solo marcó el cierre del siglo XX, sino que persiste en el siglo XXI bajo un patrón de exterminio sistemático dirigido contra defensores y defensoras de derechos humanos en México y en diversos países de América del Sur y Centroamérica.
A Digna Ochoa, sobre su compromiso como defensora de derechos humanos, se le direcciona una violencia sistemática, en primer lugar, se dirige un secuestro hacia ella el 9 de agosto de 1999, y seguidamente recibe amenazas de muerte en septiembre de 1999 en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1988 (PRODH). En este trayecto de orden subterráneo, pero visible en la materialidad de Digna Ochoa, ella soportó actos de intimidación, persecución y sistematización de manera progresiva y frecuente; concretándose por parte de sus victimarios el 5 de octubre de 1999 actos de intimidación y hostigamiento contra ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Es una violencia que emerge de manera multimodal durante 1999, según un informe la noche del 28 al 29 de octubre de 1999 individuos no identificados allanarían su domicilio y tras interrogarla durante 9 horas, la abandonaron dejándola atada cerca de una botella de gas abierta.
La violencia desplegada contra Digna Ochoa emergía de forma multimodal. Según informes de la época, entre la noche del 28 y el 29 de octubre de 1999, individuos no identificados allanaron su domicilio, la interrogaron durante nueve horas y finalmente la abandonaron atada, junto a una botella de gas abierta, en un intento evidente de atentado contra su vida.
Esta violencia intensiva implicó una perturbación constante en la vida y las actividades de Digna Ochoa; sin embargo, no le impidió continuar con la defensa de los derechos humanos ni con su compromiso político como ciudadana.
Es importante recordar que, bajo la presidencia de Vicente Fox, el gobierno mexicano solicitó formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la autorización para retirar las medidas de protección otorgadas a Digna Ochoa. Dichas solicitudes se hicieron mediante misivas del 31 de mayo de 2001 y del 13 de agosto de 2001, y finalmente, el 22 de agosto del mismo año, la Corte autorizó el retiro de su esquema de seguridad. Esta decisión tuvo consecuencias fatales: el 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada asesinada en su despacho.
La Corte Interamericana concluyó posteriormente que la muerte de Digna Ochoa no fue un suicidio, sino un asesinato. Asimismo, señaló que el Estado mexicano incurrió en graves errores durante la investigación, marcados por fallas procesales y prejuicios de los funcionarios encargados del caso.
II. Reclamación al Estado mexicano por Digna Ochoa
De la montaña se escucha un rayo, es el relámpago claro de la verdad… Lila Downs
Después de más de veinte años de litigio, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en el caso de Digna Ochoa. En su sentencia, el tribunal ordenó, entre otras medidas, la adopción de acciones estructurales orientadas a garantizar la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en el país, así como la eliminación de los obstáculos institucionales y procesales que históricamente han impedido la investigación eficaz de los ataques cometidos contra estos defensores. Han pasado cuatro años desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Digna Ochoa, y casi veinticuatro años de su asesinato, y el Estado mexicano sigue sin cumplir con las medidas de reparación ordenadas.
La sentencia exigía cambios estructurales inmediatos para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en México.
Sin embargo, las autoridades mexicanas han mostrado una grave omisión y una falta de voluntad política para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El caso de Digna Ochoa constituye un precedente jurídico histórico, que obliga no solo a México sino a toda la región a transformar los mecanismos de protección de quienes defienden la vida, la justicia y los derechos humanos. Hoy, la impunidad persiste, y el incumplimiento del Estado mexicano reproduce el mismo patrón de violencia y desprotección que cobró la vida de Digna Ochoa.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene la responsabilidad inmediata de cumplir con la sentencia y de poner fin a esta deuda histórica con Digna Ochoa y con todas las personas defensoras en el país. La omisión y el retraso en el cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH constituyen una forma de violencia institucional que perpetúa el riesgo y la vulnerabilidad de quienes luchan por los derechos humanos en México.
III. ¿La política de exterminio aún es una espina dorsal en América Latina?
En esta vida santa, nadie perdona nada… Lila Downs
La política de exterminio continúa siendo, en pleno siglo XXI, una espina dorsal de eliminación sistemática en varios países de Sur y Centroamérica. La violencia contra quienes defienden derechos humanos no ha desaparecido: solo ha mutado en sus formas, manteniendo la persecución, la criminalización y el silenciamiento como herramientas de control político y social.
Durante las últimas décadas del siglo XX, América Latina vivió un reclamo democrático por el respeto a los derechos humanos de activistas, jóvenes, periodistas, abogados, estudiantes, líderes sociales, campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, todos inmersos en la defensa de los derechos civiles y de la historia de sus territorios. Ese clamor sigue vigente en este siglo XXI. Por ello, resulta fundamental que los organismos internacionales de derechos humanos respondan a la demanda histórica de la sociedad civil y garanticen mecanismos efectivos de protección.
Lo más preocupante es que, aun cuando se establecen medidas internacionales de protección, muchos gobiernos las incumplen o las desconocen, negando la eficacia del derecho internacional.
El contexto de violencia en América Latina es alarmante. En México, entre 2016 y 2023, se registraron:
177 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
88 periodistas asesinados, en presunta relación con su labor.
28 intentos de homicidio, de los cuales 14 contra periodistas, 2 contra trabajadoras de medios y 12 contra personas defensoras.
25 periodistas desaparecidos, un trabajador de medios y 37 personas defensoras (40 fueron liberadas, pero 23 siguen desaparecidas).
En total, 364 víctimas, de las cuales 82 eran mujeres y al menos 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio. A esto se suman otras agresiones como la criminalización, el hostigamiento judicial, la vigilancia, las amenazas y el desplazamiento forzado.
La persistencia de estos hechos confirma que, en nuestra región, la defensa de los derechos humanos se paga aún con la vida, y que la impunidad estatal sigue siendo la columna vertebral de esta violencia sistemática.
Colombia: la continuidad del exterminio contra líderes sociales y firmantes de paz
En Colombia, el conflicto territorial y político continúa dejando un saldo de muerte y despojo. Los datos recientes son alarmantes y confirman la violencia sistemática contra la sociedad civil organizada:
En 2024, fueron asesinados 173 líderes sociales y 31 firmantes del Acuerdo de Paz.
En 2025, la violencia no se detuvo: 31 firmantes de paz y 109 líderes sociales fueron asesinados.
Estos crímenes reflejan que el Acuerdo de Paz, lejos de consolidar una etapa de garantías para la vida y la participación política, se ha visto traicionado por la continuidad de las lógicas de exterminio en los territorios. La responsabilidad estatal es ineludible: el incumplimiento de las garantías pactadas y la falta de protección a quienes firmaron la paz y a los líderes comunitarios profundiza la crisis humanitaria en Colombia.
Hoy, los números hablan de un patrón de violencia que sostiene el control territorial a través del miedo, la persecución y el asesinato selectivo, con graves consecuencias para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que defienden la tierra, la vida y el derecho a la paz.
IV. Pronunciamiento político regional: Digna Ochoa, México y Colombia
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer
Pelea por su dignidad. Ay, morena. Morenita mía. No te olvidaré
Lila Downs
La violencia contra quienes defienden los derechos humanos en América Latina no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de exterminio que atraviesa países y gobiernos. México y Colombia son hoy dos ejemplos dolorosos de cómo la impunidad estatal y la ausencia de garantías reales impiden la construcción de un proceso democrático auténtico. Incluso bajo gobiernos que se autodenominan progresistas, se reafirman los modelos de persecución contra defensoras, defensores y comunidades enteras que luchan por la vida, la justicia y la democracia. En el caso de Colombia, ello se traduce en un proceso de paz diluido y fracturado políticamente, incapaz por parte del estado de garantizar la vida y la seguridad de quienes apuestan por la justicia y la transformación social.
En México, a 24 años del asesinato de Digna Ochoa y a cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano sigue incumpliendo con las medidas de reparación y protección estructural ordenadas por el tribunal. La falta de voluntad política del actual gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, perpetúa la deuda histórica con Digna Ochoa y con todas las personas defensoras y periodistas que han sido asesinadas o desaparecidas en el país.
En Colombia, la violencia contra líderes sociales y firmantes de paz evidencia la traición al Acuerdo de 2016 y la continuidad del exterminio político en los territorios es evidente.
Estos crímenes no son hechos aislados: constituyen un modus operandi de control territorial basado en el asesinato selectivo, el desplazamiento forzado, la intimidación y la persecución contra campesinos, afrodescendientes, indígenas y comunidades que defienden el territorio, la vida y la democracia.
Frente a esta realidad, denunciamos la responsabilidad directa del Estado mexicano, que ha incumplido sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ha reproducido, a través de su omisión o complicidad, un modelo de exterminio sistemático contra la sociedad civil organizada. Asimismo, señalamos al Estado colombiano por su incapacidad de ofrecer garantías reales y una política de paz efectiva en los territorios, lo que ha permitido la continuidad del asesinato, la persecución y el desplazamiento de líderes sociales, firmantes de paz y comunidades en resistencia.
Exigimos:
El cumplimiento inmediato de las sentencias y medidas dictadas por los organismos internacionales de derechos humanos.
El desmonte de los patrones de violencia institucional y paraestatal en México.
La materialización de una paz efectiva en Colombia y el cese inmediato del exterminio de líderes sociales y firmantes de paz.
La garantía real de protección a defensoras, defensores, periodistas, firmantes de paz y comunidades en resistencia en toda América Latina.
La vida no puede seguir siendo la moneda de cambio de intereses económicos, militares y políticos. Digna Ochoa en México y los líderes sociales en Colombia nos recuerdan que la memoria es lucha, y que la justicia pendiente sigue siendo una herida abierta en toda América Latina.
Digna Ochoa y Plácido 1964-2001 ¡No te olvidamos ¡
