El presidente Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial el veto a dos normas aprobadas por amplia mayoría en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría. La decisión generó un fuerte rechazo en el ámbito académico, sanitario y político, que ya organiza medidas de protesta y prepara el camino para insistir con la sanción legislativa.
El texto de financiamiento universitario, aprobado por dos tercios en ambas cámaras, garantizaba la actualización automática por inflación de los fondos destinados al funcionamiento de universidades, hospitales universitarios e investigación. También contemplaba la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, además de mejoras en el sistema de becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno argumentó que la iniciativa carecía de fuentes de financiamiento claras y que generaría inflación y pérdida del poder adquisitivo, postura que fue rechazada por rectores y gremios docentes.
La reacción no se hizo esperar: la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con rectores y sindicatos, convocó a la tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el miércoles 17 de septiembre. Además, las organizaciones docentes llamaron a un paro nacional universitario para este viernes 12. En paralelo, trabajadores del Hospital Garrahan adelantaron que se sumarán con medidas de fuerza.
En el Congreso, los bloques opositores ya analizan los pasos a seguir para revertir la decisión presidencial. En Diputados, cámara de origen, se prevé una sesión especial para insistir con la norma. El Senado, por su parte, planea avanzar con los vetos restantes, entre ellos el de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también podría sufrir un rechazo parcial.
El clima político se tensó aún más tras la derrota electoral oficialista en Buenos Aires. Referentes opositores señalaron que, lejos de mostrar autocrítica, el Ejecutivo profundiza un rumbo de confrontación. Legisladores como Pablo Juliano, Martín Lousteau y Julia Estrada cuestionaron la medida, mientras que gobernadores como Ricardo Quintela advirtieron que se trata de un paso más en el ajuste y el recorte de derechos.
