La provincia de Salta presentó un recurso de amparo y una medida cautelar para que se devuelvan al menos 129 pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en julio junto a los beneficios que se garantizaban para el acceso a la salud.
La presentación, realizada lunes último por el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, va dirigida contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La judicialización del reclamo se hizo por instrucción del gobernador Gustavo Saénz. El amparo solicita que se aplique una medida cautelar para que la restitución de los beneficios sea inmediata mientras sigue el trámite del fondo de la cuestión, para cuyo caso solicitaron que la Corte Sumprea convoque a una audiencia pública.
Según indicó en su momento el gobierno de Salta, el pedido de restablecimiento inmediato de estas pensiones no contributivas por invalidez en la provincia se hizo en el entendimiento de que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares.
Hubo “evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema”, se sostiene en el amparo.
Además del inmediato restablecimiento de las pensiones, la provincia reclamó el pago retroactivo de los meses en que no se abonaron estos beneficios, además de la adopción de medidas urgentes para garantizar un procedimiento de “auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad”.
Por último, pidió que se cite a una audiencia pública con participación de las partes «a los fines informativos y conciliatorios».
Auditorías truchas
La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS.
La provincia alegó que los procedimientos fueron «arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales», y destacó que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.
Entre las anomalías denunciadas, mencionó la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.
Otro punto que se señaló fue el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban.
La presentación de Salta sostiene que las acciones del Gobierno nacional no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.
En este sentido, la presentación de la provincia de Salta considera que la medida del Gobierno nacional se hizo con fines fiscalistas y atropella los derechos de los ciudadanos.
Un precedente
Ya hay un antecedente en la provincia. El juez federal de Garantías de Salta, Julio Leonardo Bavio, resolvió a favor de un damnificado en un fallo conocido el martes último, por el cual ordenó que en el término de 48 horas se restituya la pensión no contributiva a una persona cuya discapacidad está corroborada desde hace 11 años.
Al igual que lo indicado por la Fiscalía de Estado, el juez sostuvo que no hubo notificación fehaciente a la persona que terminó perjudicada por la disposición tomada por la ANDIS, y que cumple con los requisitos para poder recibir el beneficio.
