Este episodio, que reactiva ambas normas con impacto fiscal, expone la fragilidad de la gobernabilidad de La Libertad Avanza y el uso del ajuste presupuestario como principal herramienta política, desafiando la defensa del equilibrio fiscal a ultranza.
Contexto Informativo y Alcance Legislativo
El Senado de la Nación rechazó por amplio margen dos vetos parciales del presidente Javier Milei, permitiendo que recuperen plena vigencia las leyes de emergencia pediátrica (con el Hospital Garrahan como símbolo) y de blindaje presupuestario para las universidades públicas. La votación fue contundente: 59 votos para la ley de salud y 58 para la universitaria, superando cómodamente los dos tercios necesarios.
La reactivación de las normas implica:
- Garrahan/Salud: Asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos, mantenimiento y personal esencial, incluyendo una recomposición salarial no menor a la recibida en términos reales en noviembre de 2023. El impacto fiscal estimado para el segundo semestre es de aproximadamente $65.573 millones.
- Universidades: Se impone la actualización de gastos de funcionamiento según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias con una actualización mensual atada a la inflación para docentes y no docentes.
Conflicto de Poderes y el Equilibrio Fiscal
El rechazo de los vetos es un claro ejercicio de las facultades del Poder Legislativo, representando un choque de poderes amparado en el mecanismo constitucional. Desde una perspectiva neutral, el Ejecutivo tiene la potestad de vetar leyes que considera incompatibles con su plan de gobierno (en este caso, el superávit fiscal), mientras que el Congreso tiene la atribución de insistir.
El debate en el recinto reflejó esta tensión: la oposición (principalmente el kirchnerismo y el radicalismo, más otros bloques dialoguistas) argumentó que la defensa de la salud y la educación pública es una cuestión de «debate político y moral» que no puede ser sacrificada por criterios puramente contables. Por su parte, el oficialismo defendió la necesidad de la austeridad y criticó a la oposición por utilizar el financiamiento social y educativo para fines políticos, señalando la falta de auditorías en el manejo de los fondos universitarios. La abstención de algunos senadores del PRO ilustra la división interna en el bloque dialoguista frente a temas de alta sensibilidad social.
Análisis Crítico: La Fragilidad de la Gobernabilidad y el Uso Político del Gasto
El episodio es una derrota política que pone en evidencia la extrema minoría legislativa del gobierno y su incapacidad para construir consensos estables. Críticamente, el Gobierno depende de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y vetos para implementar su programa, un camino que ha demostrado ser institucionalmente frágil.
El uso del veto, aunque legítimo, se convierte en un arma de doble filo: si bien subraya el compromiso con el déficit cero, la elección de vetar fondos para hospitales infantiles y universidades genera un alto costo político y alimenta la narrativa de «insensibilidad» (como fue calificado por algunos legisladores). La crítica se acentúa dado que el Ejecutivo ha demostrado la capacidad de disponer de fondos a posteriori de un revés, como ocurrió con la ley de discapacidad. El gran interrogante que se plantea es si el Gobierno acatará rápidamente el mandato de las leyes reactivadas o si intentará dilatar o condicionar la transferencia de fondos, arriesgándose a incurrir en un posible «incumplimiento de los deberes de funcionario público», como advirtió un senador. El mensaje del Congreso es claro: el ajuste fiscal tiene límites sociales que el oficialismo no pudo imponer.
