Abogados penalistas, fiscales y ex funcionarios polemizaron sobre la oferta de casi medio centenar de empresarios de pagar una “reparación integral” al Estado de entre 25 y 40 millones de dólares a cambio de un sobreseimiento en la causa de los Cuadernos de las Coimas, en un debate histórico y sin precedentes en la Argentina.
Los contratistas de obra pública buscan evitar un juicio que puede durar diez años y la simbólica foto del 6 de noviembre cuando empiece el juicio oral y se sienten en el banquillo de los acusados junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros imputados.
La discusión gira alrededor del artículo 59 de Código Penal pero nunca se aplicó en un caso de corrupción tan grande. El artículo 59 del Código Penal establece los motivos por los cuales puede extinguirse la acción penal. Su inciso 6 precisa que puede ocurrir “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
El juez Germán Castelli, uno de los miembros del TOF 7.El único antecedente con alguna similitud es la causa por lavado contra directivos franceses del banco BNP-Paris donde el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) aceptó una reparación integral. Lo hizo luego de que la fiscal del caso Gabriela Baigún aceptara en noviembre de 2023 el pago de 2 mil millones de pesos, cifra a actualizarse al momento del acuerdo si lo hay. El dinero, ya se había consensuado, era para donar a la Federación Familia Grande Hogar de Cristo que preside el Padre José María “Pepe” Di Paola. Pero el Banco Central y el fiscal Raúl Pleé apelaron y ahora define la Corte, sobre se antecedente. Fuentes cercanas a Baigún señalaron que son casos diferentes. En el BNP París “no hay funcionarios, no había fecha fijada para el juicio, varios de los banqueros tenían casi 90 años y el TOF 6 estaba incompleto”.
Juez Enrique Méndez Signori del TOF 7.En el caso Cuadernos la fiscal de juicio es Fabiana León, quien el viernes, expuso una dura negativa a aceptar el pago y dijo “esta fiscalía no negocia impunidad”. Así el 16 de este mes, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, decidirá si acepta o no la oferta de reparación integral, tras escuchar las últimas palabras de los imputados.
Cristina Fernández De Kirchner en el primer día del Juicio la Causa Vialidad en el 2019 en el que fue condenada a 6 años.En su presentación en la audiencia oral del viernes, León advirtió que “mi fiscalía no colapsa” por este juicio oral en el que hay 174 imputados acusados por 26 delitos y se escucharán a 630 testigos.
Para León no hay “soluciones alternativas” al juicio oral ya que no hubo acuerdo entre ella y las defensas en los últimos meses.
“El daño provocado por los sobornos a la institucionalidad no es materializable”, subrayó al decir cómo se establecería el monto que debería devolver cada empresario.
La fiscal así respondió al abogado Luciano Marcelo Pauls, defensor del empresario de la construcción Adrián Pascucci.
Pauls había afirmado que “dada la cantidad de juicios que tiene el tribunal (AYSA y Andrea del Boca) como máximo se pueden hacer dos audiencias por semana. Eso significa que este juicio va a durar de piso 10 años si tomamos un promedio de 8 audiencias por mes. Si se pudieran hacer solo 4, multipliquemos por 2 ese número, o sea, 20 años de juicio”.
Adicionalmente, “una vez alcanzada una sentencia que puede llevar entre 10 y 20 años de juicio, con posterioridad se tardará de 2 a 5 años más para que la sentencia adquiera firmeza en una causa de estas características”.
Y aseguró Pauls, “el promedio de edad de los imputados es de 63 años. Es decir, si tenemos 25 años de proceso por delante hasta que una sentencia adquiera firmeza, quienes sobrevivan tendrán 88 años”.
En ese sentido, al abogado y ex presidente de Poder Ciudadano Hugo Wortman le llamó la atención “la coincidencia entre la fiscalía y la UIF, con sana intención, con la defensa de De Vido” y sostuvo que el caso BNP-Paris “es un antecedente clave” para avanzar con una condena rápida.
“De Vido y otros ex funcionarios de Cristina Kirchner quieren que el juicio se haga eterno y así lograr la impunidad”, dijo a Clarín.
Juez Fernando Cañero del TOF 7.“Lo que le conviene a la sociedad es recuperar el dinero rápido y que el juicio continúe como todos los demás” sobre todo los funcionarios, dijo.
Y destacó que muchos funcionarios fueron además, en la etapa de instrucción a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el ahora fallecido juez Claudio Bonadio, arrepentidos que buscan “cooperar y aportar información para enjuiciar a los exfuncionarios responsables de la organización criminal, además de reparar el daño causado”.
Wortman recordó antecedentes internacionales, como el caso Siemens, que pagó por la corrupción cometida y adoptó medidas de remediación pero ante la Justicia de Estados Unidos que tiene una historial de aceptación de este tipo de acuerdos.
“La Justicia definirá cuánto deberán pagar los empresarios en concepto de embargo, pero además ya ofrecen acciones de responsabilidad social y saneamiento interno en sus compañías”, destacó.
En cambio, el ex titular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri Mariano Federici dijo a Clarín que aceptar una Reparación integral “sería contrario a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia anticorrupción (Convenciones de Mérida, OCDE, estándares GAFI, etc.), que llaman a sancionar los delitos de corrupción con penas efectivas, proporcionales, y disuasivas”.
Ex ministro de Planificación, Julio De Vido “El mensaje que se transmitiría a la sociedad, además, sería devastador: los poderosos pueden comprar impunidad, mientras los ciudadanos comunes enfrentan todo el rigor de la ley. Se desvirtuaría así la función retributiva del derecho penal, se debilitaría más de lo que ya está el compromiso colectivo con la legalidad y se minaría más todavía también la confianza en la justicia”, subrayó el especialista en lavado.
Federici recordó que los empresarios involucrados en esta causa ya fueron beneficiado con la desestimación que realizó el juez Sergio Ramos de la denuncia por lavado de activos que oportunamente formuláramos desde la UIF junto con María Eugenia Talerico”, en una causa paralela a Cuadernos.
Oscar Centeno. El chofer de Roberto Baratta escribió los «cuadernos de la corrupción». Aquí junto al fiscal Carlos Stornelli. En la audiencia del viernes estuvieron, vía Zoom, presentes el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina. Además, estaban, los empresarios, Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Ángel Calcaterra (Iecsa), Héctor Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neira (Electroingeniería),Claudio Glazman, Aldo Roggio (Grupo Roggio), Jorge Balan (Electroingeniería), Benjamín Romero, Patricio Gerbi, Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Alberto Taselli (empresario energético, hermano de Sergio), Miguel Aznar, Francisco Valenti (Impsa) y Enrique Pescarmona (Impsa), entre otros. Y el financista Ernesto Clarens, entre otros, que tuvo un rol clave en la obtención de euros y el movimiento de la plata negra desde Santa Cruz a Buenos Aires.
En la audiencia, los empresarios hicieron diversos ofrecimientos económicos como «reparación integral»: Hugo Dragonetti 1.421.195.500 pesos; Miguel Aznar 1.100 millones de pesos; Julio José Paolini 826 millones; Mario Rovella 732 millones; Miguel Marconi 527 millones; Gabriel Romero 510.298.166 pesos; Enrique Pescarmona y Rubén Valenti 510 millones; Claudio Glazman 306 millones y Armando Loson 181.236.691 pesos, entre otros.
Por su lado, Clarens (financista arrepentido) ofreció bienes ya embargados en Estados Unidos: un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millón de dólares, Alberto Padoán, 100 mil dólares; Luis Armani 5 millones de pesos; Walter Fagyas -ex titular de Enarsa- 250 millones; Juan Manuel Abal Medina 60 millones de pesos), Marcuzzi ( $ 300 mil). Cifras por debajo de los 5 millones de pesos fueron ofrecidas por Carlos Arroyo, Carlos Román y Alberto Taselli, que ofreció 10 mil dólares.
Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. A esta altura del debate, queda claro que los funcionarios tienen una mayor responsabilidad jurídica en defender al Estado que los empresarios. Pero también que no es lo mismo el rol activo que tuvieron algunos hombres de negocios entre el 2003 y 2015, como se lee en la causa, y el pasivo que tuvieron otros frente a un organizado esquema de cobros de coimas que había creado Néstor Kirchner y Cristina ordenó volver a ponerlo en marcha para las elecciones presidenciales del 2011.
