Desde el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, el presidente Javier Milei presentó el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el nuevo Código Penal. Con el fin de “cambiar el sistema de fondo”, el Ejecutivo propone una nueva edad de imputabilidad de trece años, agravar las penas, sumar más delitos imprescriptibles, garantizar el cumplimiento efectivo de las penas e incorporar restricciones a la liberación anticipada.
El anuncio del Presidente, que también contó con la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó el rechazo de organizaciones sociales y de derechos humanos que alertaron sobre la implementación de una “tolerancia cero” con “cambios profundos en las dimensiones más esenciales de la vida de los argentinos”.
Baja de edad de imputabilidad: «Hay que dar posibilidades a los jóvenes»
En este contexto, Beatriz Capdevila, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señaló que el proyecto, al presentarse en una unidad penitenciaria y no en el Congreso de la Nación ante cualquiera de las dos cámaras. “Yo creo que aquí se quiere transmitir un mensaje claro”, consideró en comunicación con El1.
Asimismo, repudió nuevamente la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. “En su lugar, hay que dar posibilidades a los jóvenes. Sino miremos lo que ocurrió con el triple femicidio de Florencio Varela: hoy donde no está el Estado, están los narcos. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cómo tendremos jóvenes que quieran luchar por un futuro mejor, que quieran trabajar y formarse en una carrera, profesión u oficio?”, expresó.
Para Capdevila, la baja a la edad de imputabilidad “no tiene que ser la única alternativa”. “Nosotros necesitamos chicos que vayan a los clubes a hacer actividades deportivas, que vayan al colegio y tengan una casa. La alternativa debe ser la inclusión social, escolar, cultural, deportiva y laboral. Si nosotros como sociedad apuntamos a eso, nuestra sociedad mejorará notablemente”, agregó.
María del Carmen Verdú: «El problema no es la ley: es cómo se aplica»
Por su parte, María del Carmen Verdú, integrante fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) criticó el proyecto del Ejecutivo ya que “sube enormemente las penas de todos los delitos”. “Me parece una barbaridad, todo el proyecto es malo. El problema es la interpretación, en muchos casos exagerada, de muchos jueces en el marco de una hipercriminalización que estamos padeciendo”, consideró.
Sobre la baja de la edad de imputabilidad, Verdú señaló que el hecho de suponer que una persona de 14 años tiene la misma madurez como individuo para ser sometido a un juicio penal que un adulto “no es correcto”. “Por algo a esa persona no se le permite casarse, firmar un cheque o un contrato de trabajo y menos aun salir del país sin permiso de sus padres. Hay una capacidad reducida por ser nada menos que un infante, es decir, un chico”, continuó.
Con respecto a la reforma del Código Penal, aseguró que el proyecto “ni siquiera está presentado en el Congreso”. “Lo primero que hay que hacer es garantizar que los jueces apliquen la ley ya como existe en lugar de andar seleccionando a quién se la aplican y a quién no. El problema no es la ley: es cómo se aplica. Los jueces deben dejar de reinterpretar los criterios con los que juzgan. Y si encima endurecen más las penas, les brindan peores alternativas”, sentenció.
Seccional CICOP Paroissien: «Necesitamos un Estado Social»
En el marco del conversatorio “Abordajes integrales en niñez y adolescencia en relación al delito y las violencias”, realizado en el Hospital Paroissien, la Seccional CICOP Paroissien rechazó cualquier proyecto de ley que “vulnere de forma gravísima la libertad y los derechos de los pibes, atentando contra sus vidas y el desarrollo integral de cada uno”.
Del encuentro participaron Federico Sebastián Gerez, escritor, filósofo y funcionario público del ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Dalila Di Pardo, psicóloga de la Guardia del Hospital Paroissien; Ana Laura López, socióloga; y Vanesa Orieta, integrante de la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga.
“En la coyuntura actual de un retroceso enorme en materia de derechos, con un vaciamiento de las políticas públicas para el bienestar biopsicosocial de las niñeces y adolescencias, existe una clara intencionalidad de estigmatizarlas y criminalizarlas por parte del Gobierno nacional”, denunciaron desde la Seccional CICOP Paroissien.
Asimismo, destacaron la necesidad de contar con un “Estado Social antes que un Estado Penal”. “Reclamamos un proyecto que ponga el acento en el acceso a derechos y en el cuidado de los niños y adolescentes con políticas integrales de salud, alimentación y vivienda, espacios de esparcimiento y deportes”, indicaron.
