En el marco de un juicio abreviado realizado en el Juzgado Correccional N° 3 de Dolores, el juez subrogante Dr. Jorge Martínez Mollard condenó a dos funcionarios policiales de Villa Gesell por delitos cometidos mientras se encontraban en funciones.
El acuerdo había sido consensuado por el fiscal Dr. Mario Pérez y el defensor particular Dr. Miguel Ángel Cisneros, con la conformidad expresa de los imputados.
Según se acreditó en la causa, entre julio y agosto de 2023 dos policías, de 30 y 32 años, junto a otros dos agentes no juzgados en este proceso, concurrían a un domicilio de Villa Gesell donde recibían estupefacientes para consumo personal.
La droga les era entregada por orden de un vendedor imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a quien los efectivos omitían denunciar, incumpliendo así con sus funciones a cambio de dádivas.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre el pago de sobornos a la policía. Testigos corroboraron movimientos sospechosos, como la presencia de un patrullero frente a la vivienda del investigado y afirmaciones del propio vendedor de que debía “dar droga a la policía” para ser protegido.
El análisis del Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales confirmó las visitas de los agentes al domicilio, sin registro de diligencias oficiales en el Libro de Guardia.
Otros comportamientos irregulares
El fallo también mencionó que, aunque no se lograron desbloquear los teléfonos de los procesados, existían pruebas de que ambos utilizaban su investidura policial para percibir dinero por recomendar funerarias, reclamar supuestas recompensas por vehículos recuperados e incluso participar en grupos de Telegram donde se ofrecían estupefacientes.
Con estos elementos, el magistrado resolvió condenarlos como coautores penalmente responsables de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por el delito precedente y por ser cometido por funcionarios públicos); violación de los deberes de funcionario público; y cohecho pasivo.
La pena impuesta fue de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En cuanto a los otros dos efectivos involucrados, el juez decidió excusarse y remitir las actuaciones al Juzgado Correccional N° 1 para su resolución.
