Resumen Latinoamericano, 15 de Septiembre de 2025.
Las comunidades indígenas y campesinas de Sololá alzaron la voz para exigir justicia y libertad. Denunciaron la criminalización de dirigentes como Leocadio Juracán y autoridades indígenas detenidas por manifestar pacíficamente durante el paro nacional en octubre de 2023. La protesta se enmarca en una creciente política de persecución contra personas defensoras del territorio en Guatemala.
Las comunidades de Sololá se movilizaron desde el Cerro de Oro, en el municipio de Santiago Atitlán, para exigir el cese de la persecución contra dirigentes indígenas y campesinos. La protesta, marcada por consignas de justicia y libertad, demandó garantías para quienes defienden el territorio, la vida y la democracia en Guatemala.
Las organizaciones manifestaron su solidaridad con el dirigente campesino Leocadio Juracán, así como con Esteban Toc Tzoy, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas criminalizadas y encarceladas por ejercer el derecho a la manifestación pacífica. “Ni un preso político más”, fue la consigna que se repitió a lo largo de la jornada en apoyo a sus familias y comunidades.
Los pueblos originarios denunciaron que la persecución responde a una política de criminalización que busca silenciar voces y frenar la defensa del territorio y los derechos humanos. En ese marco, recordaron que esta lucha se conecta con movimientos en todo el continente, como la peregrinación de la reverenda Emilie Smith, quien viaja de Canadá a Brasil para denunciar la crisis climática y respaldar a quienes defienden la vida.
Las comunidades de Sololá también rindieron homenaje a los abogados Wendy Geraldina López y Javier Rafael García, junto a la organización Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), por su acompañamiento jurídico en la detención de Juracán. Además, agradecieron el respaldo de periodistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, reafirmando que “a mayor represión, mayor organización”, entre ellos, Juan Bautista Xol, periodista maya Q’eqchi’ de Prensa Comunitaria.
Persecución no se detiene
En los últimos meses, al menos cuatro dirigentes indígenas han sido detenidos por órdenes del Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras. La ofensiva judicial ha puesto en la mira a autoridades comunitarias y dirigentes sociales, quienes han sido señalados bajo cargos cuestionados que, según organizaciones de derechos humanos, buscan acallar la protesta y debilitar la defensa del territorio.
Dos de ellos, Héctor Chaclán y Luis Pacheco de Totonicapán, continúan en prisión preventiva y enfrentan procesos por haber encabezado las manifestaciones sociales de 2023. Aquellas movilizaciones fueron clave para defender los resultados electorales que confirmaron la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, hoy presidente y vicepresidenta respectivamente. Su encarcelamiento es señalado como un caso de criminalización contra quienes ejercieron el derecho a la protesta pacífica.
Fuente: Prensa Comunitaria