Guatemala ocupa la posición 18 en una lista de 20 países de América Latina evaluados para elaborar el Índice de Libertad Educativa, un concepto poco conocido por los guatemaltecos que, entre otros aspectos, aborda la facultad de los padres de familia para elegir el establecimiento educativo en donde sus hijos puedan estudiar.
A la cabeza del ranquin está Chile, con un punteo de 0.628; le siguen México, con 0.539, y Perú, con 0.475. Guatemala ocupa la tercera posición de atrás hacia adelante, con 0.251, por delante de Venezuela (0.18) y Cuba (0.002). La puntuación ideal es 1.
El índice se construyó a partir de dos grandes dimensiones: la libertad para aprender, que cuestiona si las familias enfrentan obstáculos legales para decidir cómo educar a sus hijos; y, por otro lado, la libertad de enseñar, que plantea las dificultades que enfrentan los educadores para impartir conocimientos según las necesidades del estudiante y de la comunidad.
La dimensión de libertad para aprender abarca indicadores como la posibilidad de elegir, la transparencia y el financiamiento.
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En tanto, la libertad para enseñar considera aspectos como abrir una escuela, la gestión docente, métodos y contenidos.
Estos indicadores se incluyeron por tratarse de aspectos de fácil acceso en los países estudiados, lo que permite medirlos en el tiempo y compararlos en futuras ediciones del índice.
Libertad para elegir
De acuerdo con Elder Flores Durán, uno de los investigadores, la libertad educativa es valiosa porque permite conocer la facultad que tienen las familias para decidir a qué establecimiento envían a sus hijos a estudiar. En Guatemala, se plantea que es el Estado quien determina a qué escuela pública debe asistir el niño, según el lugar donde reside, no en la calidad o preferencia familiar. En cambio, si lo inscriben en un centro privado, no reciben ningún tipo de apoyo estatal.
Son los padres quienes conocen a sus hijos, saben qué los motiva, qué los frustra y en qué momento y espacio se concentran mejor para aprender. Por ello se habla de la autonomía de las familias en decisiones que inciden directamente en el aprendizaje de los menores.
En el caso de Chile se entregan vales educativos; en México, los padres de familia reciben un subsidio que les permite decidir en qué establecimiento matricular a sus hijos, ya sea por cercanía al hogar o porque consideran que la calidad educativa y del servicio es mejor. Pero en el caso de Guatemala, los fondos se destinan exclusivamente a las escuelas públicas, sin tomar en cuenta las preferencias de los padres.
Según Flores Durán, esto abre la posibilidad de una competencia sana entre los centros educativos, que buscan atraer a más estudiantes y así acceder a mayor apoyo financiero, a través de vales o subsidios estatales.
El investigador Juan Martín Favetto señala que, de esta manera, el gobierno no se ocupa tanto de cómo asignar el gasto en educación, pues delega esa responsabilidad a las familias al otorgarles una porción del presupuesto para que, mediante vales educativos, asignen los recursos al centro escolar que elijan. En Guatemala, esto no sucede porque todo está centralizado en un ministerio que muchas veces está alejado de la realidad de las comunidades y no atiende las necesidades de los estudiantes ni de las familias, señala el estudio.
Se plantea que, si un padre de familia no está conforme con la escuela en la que estudia su hijo, debería tener la libertad de trasladarlo a otra. Actualmente, “no hay una alternativa para que ellos puedan venir y decir ‘me voy de la escuela’, como cualquiera lo hace con sus hijos en el sector privado”, dice Flores Durán. La situación es más compleja en el área rural, donde la cobertura educativa es baja, especialmente en el nivel medio, y en primaria predominan las escuelas multigrado.
Con esta modalidad, todo padre de familia que paga impuestos tendría derecho a recibir un monto para cubrir la educación de sus hijos. En caso contrario, se deberían considerar otras alternativas.
Implementación por etapas
Los investigadores señalan que implementar un sistema de vales educativos requiere una transición gradual. En primer lugar, es necesario considerar si el gobierno está preparado para garantizar a todas las personas lo que les corresponde, un aspecto que, en este momento, resulta difícil de alcanzar en muchos países de América Latina.
Por otra parte, la oferta del servicio educativo debe estar lista para responder a esta nueva demanda. Cada escuela se autogestionaría y habría centros con mayores ingresos que otros, pues atraerían a más estudiantes aquellos establecimientos que logren captar el interés de los padres al ofrecer algo adicional a sus hijos.
La economista Tatiana Macías Muentes indica que no se trata únicamente de aumentar el presupuesto en educación. Más bien, debe existir una relación directa entre mayor gasto y mejor calidad educativa. Se busca transformar el modelo actual de subsidio a la oferta por uno enfocado en la demanda, que es precisamente lo que promueve este índice, que se realiza por primera vez analizando los países de América Latina.
Según los investigadores, en cuanto a la libertad para enseñar, Guatemala presenta un nivel similar al del resto de países, pues abrir y gestionar un centro educativo privado es relativamente sencillo. No obstante, la gestión docente presenta dificultades, ya que se exige a los maestros contar con un título profesional.
En este sentido, se menciona que es el Ministerio de Educación quien determina cuál es el método y el contenido que deben enseñarse. El Currículo Nacional Base (CNB) es inflexible, y las instituciones privadas deben aplicarlo. En contraste, países como Ecuador han realizado reformas para permitir que los colegios deben trabajar al menos el 80% de dicho contenido.
“Si queremos un futuro con más oportunidades, debemos abrir espacio a la pluralidad educativa, donde la voz de los padres y los educadores tenga más peso”, afirma Flores Durán. Por su parte, Macías Muentes enfatiza que es importante distinguir entre educar y escolarizar; el primero se refiere a formar ciudadanos libres y responsables, con capacidad de elección, mientras que el segundo consiste simplemente en asistir a una escuela de forma formal.
Al final con el Índice de Libertad Educativa, los investigadores esperan se abra el debate sobre cómo aumentar la autonomía de las familias, escuelas y docentes, para elevar la calidad y pertinencia de la educación en el país.
A criterio del viceministro de Educación, Francisco Cabrera, el Índice de Libertad Educativa resulta “un título demasiado ambicioso para un estudio conceptualmente enfocado en castigar cualquier intervención estatal en la educación”
Por otro lado, menciona que “representa un enfoque utópico y sin contexto sobre el que hay que preguntarse cómo podría aplicarse en la práctica. Y termina reduciéndose a la promoción del sistema de ‘vouchers’ que se utilizan en algunos países y sobre los cuales hay tantas opiniones a favor como en contra”.
