En la jurisdicción de Rafaela, provincia de Santa Fe, la Justicia federal intervino tras una denuncia por posibles condiciones de explotación laboral y trata de personas. Operativos en dos establecimientos rurales permitieron el rescate de 31 trabajadores que vivían en extrema vulnerabilidad.
Se identificaron problemas graves como falta de agua potable, alojamiento indigno —incluso dos menores de 17 años durmiendo en el piso—, jornadas laborales de hasta 10 horas y salarios por debajo de lo que estipula la ley.
Uno de los campos se llama Santa Ana, donde parte de estas condiciones se hicieron visibles con claridad. El otro es la empresa La Revancha e Isabelliana S.A., donde se hallaron cinco trabajadores en situación similar.
La investigación está dirigida por el fiscal Gustavo Onel y movilizó a la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la Oficina Fiscal Descentralizada de Rafaela. Se secuestraron elementos como celulares y un cuaderno con apuntes que podrían ser claves para determinar la magnitud del esquema y quiénes son los responsables.
Las víctimas ya reciben asistencia integral: alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y el municipio de Tostado.
De elevarse el caso a sanción, los responsables podrían enfrentar penas de 3 a 15 años de prisión según la Ley 26.364, que tipifica la trata de personas con fines de explotación laboral.
