La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de asumir la investigación y enjuiciar a Rodrigo Granda, que también era conocido como Ricardo Téllez o como el “canciller” de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por su presunta implicación en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas Gusinsky: hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau, secuestrada el 21 de septiembre de 2004 en Asunción, y asesinada tres meses después.
El grupo responsable de la privación de libertad y posterior asesinato se encontraba vinculado al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y, según las investigaciones en este caso, actuaba en coordinación directa con la estructura del extinto grupo insurgente colombiano, del cual era parte Granda. De acuerdo con la información divulgada por el alto tribunal transicional asumió la competencia sobre este caso, debido a la naturaleza transnacional de los delitos.
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En la resolución de la Sección de Reconocimiento y Verdad del tribunal, que reveló Blu Radio, se confirmaron las actuaciones frente a este suceso, que en su momento amenazó con causar una crisis binacional. “Admitir la competencia de este tribunal respecto de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky, ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
Este pronunciamiento se conoció justo en el día en que el Ministerio Público de Paraguay solicitó, mediante una nota diplomática de tres páginas al Ministerio de Justicia de Colombia, que colabore y cumpla con el tratado internacional de extradición, con el objetivo de que Granda responda por el secuestro y asesinato de Cubas. Un crimen que tras casi 21 años de haber ocurrido sigue estremeciendo a sus habitantes, debido al parentesco con un ex jefe de Estado.
Según la reconstrucción de los hechos, Cubas fue raptada mientras salía de su residencia en la capital paraguaya, siendo llevada a una vivienda secreta donde permaneció cautiva varios meses. Durante el tiempo de secuestro, los captores exigieron un rescate económico y, pese a que la familia presidencial pagó parte del monto fijado, su liberación no se produjo; y al final del 2004 su cuerpo fue hallado sin vida, con evidentes signos de asesinato.
Las investigaciones judiciales reportaron la evidencia de la cooperación entre miembros del EPP y emisarios de la cúpula de las Farc, en un hecho que motivó la intervención de la JEP por la implicación de exmiembros de ese grupo armado colombiano. En ese sentido, la JEP remitió la actuación adelantada por este caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA) para que investigue la responsabilidad de Granda.
La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
En el fallo se precisó que la resolución podría ser objeto de nuevos recursos, al dejar abierta la vía procesal correspondiente, pues contra la presente decisión procederán los recursos de reposición y apelación.
Es válido destacar que el caso de Cecilia Cubas es considerado de alto impacto, tanto para el sistema de justicia paraguayo como para el colombiano, por la colaboración comprobada entre grupos armados trasnacionales y la gravedad de los delitos involucrados. Así pues, la determinación de la JEP buscaría marcar un precedente en las investigaciones sobre crímenes internacionales en los que la guerrilla tuvo participación.
