La represión política en Nicaragua ha adoptado una nueva y alarmante modalidad: las desapariciones forzadas de opositores y disidentes. Esta táctica deja a las familias en la incertidumbre y vulnera el derecho internacional. En los últimos dos años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la detención de ciudadanos sin informar a sus allegados ni reconocer oficialmente su arresto. Al menos dos de los desaparecidos han sido devueltos a sus familias sin vida, lo que ha incrementado el temor y la angustia entre quienes buscan a sus seres queridos. Esta práctica, considerada ilegal a nivel internacional, revive los peores recuerdos de las dictaduras latinoamericanas y pone en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en el país centroamericano.
Tal como consigna The New York Times en un artículo publicado este domingo, la nueva táctica del régimen sandinista consiste en arrestar a opositores sin dejar rastro en los registros judiciales ni brindar información sobre su paradero.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cerca de tres docenas de casos en los que las autoridades nicaragüenses han negado cualquier información sobre los detenidos. De los 73 prisioneros políticos reconocidos oficialmente, casi la mitad no figura en ninguna base de datos pública de los tribunales, y sus familias desconocen los cargos que se les imputan. Los familiares recorren sin éxito cárceles y comisarías, enfrentando largas esperas y respuestas evasivas.
Entre los desaparecidos se encuentran líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores y miembros de pueblos indígenas. En al menos cinco familias, varias personas han sido arrestadas simultáneamente, y muchos de los detenidos son adultos mayores o padecen enfermedades crónicas.
El impacto de estas desapariciones en las familias es devastador. Los allegados de los desaparecidos relatan búsquedas infructuosas y un clima de hostigamiento constante.
Adolfo Hurtado, hermano de José Alejandro Hurtado —un ingeniero y activista político desaparecido en Managua—, describió cómo la familia dedicó semanas a visitar comisarías y prisiones, enfrentando obstáculos burocráticos y un desgaste emocional insostenible. “Al principio, dos hermanos y la esposa iban una vez por semana, así que tres veces por semana, durante mes y medio. Ese ritmo era insostenible para la familia”, relató a The New York Times. Además, los familiares han denunciado amenazas de arresto y confiscación de bienes si insisten en buscar información sobre sus seres queridos.
El temor a represalias ha llevado a muchas familias a no presentar denuncias ante organizaciones de derechos humanos, lo que sugiere que la cifra real de desaparecidos podría ser aún mayor.
Los casos de José Alejandro Hurtado, Mauricio A. Petri, Carlos Cárdenas Cepeda y Carlos Brenes Sánchez ilustran la gravedad de la situación.
Hurtado fue arrestado en enero tras un pretexto policial y desde entonces no se ha sabido nada de él. Petri, detenido junto a su esposa e hijo en una redada contra miembros de una iglesia, fue devuelto muerto a su familia 38 días después, sin que se permitiera una autopsia. Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia católica, también fue entregado sin vida tras 15 días de detención, sin que se informara la causa de su muerte. En ambos casos, las autoridades no emitieron declaraciones públicas.
Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes Sánchez —un coronel retirado y opositor histórico—, denunció la falta de pruebas sobre la existencia de prisioneros políticos: “Si están desapareciendo a personas que no registran en la cárcel, ¿cómo se puede probar que hay prisioneros políticos en Nicaragua? No hay fotos. No está en el sistema. ¿Podemos probarlo?”. Brenes Sánchez y su pareja fueron arrestados en agosto en su domicilio de Jinotepe, pese a que él cumplía con las condiciones de su liberación tras una detención anterior.
La práctica de la desaparición forzada constituye una violación flagrante del derecho internacional. Barbara Frey, experta en derechos humanos, dijo al diario norteamericano que “si el Estado ha detenido a alguien y no informa a la familia dónde está, eso es una desaparición. Eso es exactamente lo que dice la definición”. Aunque históricamente el término se aplicaba a ausencias prolongadas, organismos internacionales han reconocido que también abarca detenciones secretas de corta duración, como ocurre en Nicaragua.
María Adela Antokoletz, presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, advirtió que “la aberrante práctica de la desaparición forzada continúa como medio para silenciar las denuncias”.
En América Latina, la desaparición forzada se asocia con las dictaduras militares, especialmente la argentina entre 1976 y 1983. Actualmente, la práctica persiste en países como México, El Salvador y Colombia, aunque suele estar vinculada a grupos criminales con la complicidad de autoridades locales.
El marco legal nicaragüense ha facilitado la represión. En 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el dictador Ortega, modificó el código penal para permitir detenciones sin cargos hasta por 90 días. Esta reforma ha permitido que las autoridades mantengan a los detenidos incomunicados y fuera del sistema judicial. La posibilidad de presentar recursos legales, como el habeas corpus, se ha visto anulada por la persecución a abogados defensores.
Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, explicó que el régimen ha inhabilitado a cualquier letrado dispuesto a asumir estos casos y ha cerrado todas las organizaciones de derechos humanos en el país. “¿Hubo oportunidad de apelar? ¿Oportunidad de presentar pruebas? ¿Oportunidad para que alguien dijera ‘esta persona es inocente’? La respuesta es no”, afirmó.
El cierre de organizaciones no gubernamentales y el exilio de defensores legales han dejado a las familias sin vías para reclamar justicia. Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, señaló la dificultad para comprender los criterios detrás de las detenciones y desapariciones: “Es difícil saber por qué algunas personas son arrestadas y otras desaparecen”.
La represión se ha intensificado desde 2018, cuando el régimen de Ortega y Murillo eliminó casi toda la oposición y forzó al exilio a cientos de activistas. La reciente ola de desapariciones forzadas representa una escalada en la estrategia de control social y político.
El fenómeno de las desapariciones forzadas en Nicaragua se inscribe en una larga historia de represión en América Latina, donde la impunidad y el silencio han sido cómplices de la violencia estatal. La persistencia de esta práctica, ahora bajo nuevas formas, evidencia la capacidad de los regímenes autoritarios para reinventar mecanismos de control y perpetuar el miedo. En este escenario, la defensa de los derechos humanos enfrenta el reto de buscar justicia en casos que, oficialmente, no existen.
