El gobierno de Javier Milei prepara el lanzamiento de un decreto que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación habilitará la venta del 49% del paquete accionario, de los cuales un 44% irá a licitación nacional e internacional y el 5% restante se destinará a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El Estado conservará el 51% y, en teoría, el control de las decisiones estratégicas. Pero la señal política es clara: abrir la puerta del sector nuclear a inversores extranjeros, en una jugada que mezcla urgencias fiscales con intereses geopolíticos.
NA-SA, superavitaria, en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones. Con una potencia instalada de 1.763 MW -el 4,1% del total nacional-, aporta el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), gracias a la estabilidad de sus reactores.
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Además, la empresa sostiene unos 3.100 empleos altamente calificados, es motor de la industria nuclear local y fue clave en proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, con una inversión estimada en USD 700 millones.
En esta línea, la Asociación de Profesionales de la CNEA lanzó un duro comunicado: “NA-SA es una empresa del pueblo argentino, superavitaria y estratégica. La tecnología nuclear no es un privilegio: es una política de Estado que impulsa a la industria y mejora la calidad de vida”.
Reidel, el “cirujano” de la transición
La previa al decreto fue agitada. Demián Reidel, presidente de NA-SA y hombre cercano a Karina Milei, ejecutó una limpieza abrupta en la cúpula directiva: salieron los gerentes de Compras, Jurídico, Obras y Sistemas. Un movimiento leído como “despejar el terreno antes de que entren los dólares”.
Reidel ya adelantó las fases del nuevo Plan Nuclear Argentino:
- Fase 1: desarrollar un reactor modular SRM de 300 MW con diseño nacional, con el objetivo de instalar cuatro de ellos en el predio de Atucha 3, en un trabajo conjunto de Invap, Nucleoeléctrica, CNEA, Conuar y otros socios públicos y privados.
- Fase 2: el “modelo Gillette”: exportar uranio atado a la venta de esos reactores.
- Fase 3: atraer inversiones y data centers que demanden energía segura y constante.
El uranio como carta geopolítica
La privatización no puede leerse aislada: en paralelo, Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, un recurso del que el país tiene unas 34.000 toneladas de reservas, frente a un consumo interno de apenas 220 toneladas anuales.
La ecuación es tentadora: exportar el excedente y, a la vez, consolidar una alianza estratégica con Washington en un terreno sensible como la energía nuclear. Sin embargo, el giro podría congelar proyectos emblemáticos como el CAREM o las centrales nucleares IV y V, que fueron emblema de la política de autosuficiencia tecnológica.
Una privatización con historia y resistencias
No es la primera vez que se busca privatizar el sector nuclear. En los años 90, Carlos Menem intentó vender Nucleoeléctrica, pero la iniciativa fracasó por la resistencia sindical y el desinterés de los inversores. Hoy, el escenario parece distinto: con Milei en la Casa Rosada, Reidel en NA-SA y un acuerdo nuclear con EE.UU. en marcha, el Gobierno apuesta a que la historia no se repita.
La apuesta del Gobierno es de alto voltaje: al abrir el capital de Nucleoeléctrica, Milei busca dólares, legitimidad internacional y un sello propio para su Plan Nuclear. Pero lo hace a costa de tensar un modelo que se venía sosteniendo sobre la idea de soberanía tecnológica, ciencia aplicada y energía como política de Estado.
En ese sentido, el decreto que se prepara puede leerse como el capítulo más ambicioso -y riesgoso- de su programa económico: un “menemismo nuclear” en pleno siglo XXI, con la diferencia de que esta vez la energía atómica, el uranio y la geopolítica global están en el centro de la partida.
La pregunta que queda abierta es si la privatización parcial de NA-SA será un trampolín hacia la modernización y la inversión, o el primer paso de un vaciamiento estructural de la política nuclear argentina, con costos en soberanía, ciencia y empleo calificado.
GD / EM
