La provincia de Río Negro busca resetear el sistema de fiscalización de velocidad en las rutas con radares, un método que durante años funcionó como una trampa “cazabobos” con fines recaudatorios, más que como un sistema de prevención y seguridad vial. La semana pasada, el Gobierno abrió los sobres para licitar el servicio que está fuera de funcionamiento desde hace más de un año. Tres empresas buscan quedarse con el negocio.
El freno a una situación desmadrada comenzó por la Legislatura provincial. En julio del año pasado, sancionó la ley 5726 que otorgó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), un plazo de 90 días para que regularice el funcionamiento de los cinemómetros controladores de velocidad en todos los caminos y rutas existentes en la provincia. Mientras tanto, suspendía en todo el territorio provincial el funcionamiento de esos aparatos y prohibía a aquellos que no estuvieran autorizados por la APSV.
El diputado Javier Acevedo, uno de los impulsores de la ley que se aprobó con amplia mayoría, contó a La Tecla Patagonia cuáles eran las principales irregularidades que había en el servicio: “radares ubicados sin las debidas normas que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Ley de Tránsito obliga a cumplir; faltaba la cartelería; había radares en algunos lugares poco visibles; no sabíamos si los cinemómetros marcaban realmente la velocidad exacta”. Para resumir, apuntó: “un sinnúmero de cosas que hacía que se generara una cantidad de infracciones por desconocimiento de los conductores de la existencia de un radar”.
Por entonces la concesión de los radares ubicados en los ingresos a algunas localidades como Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande, estaba en manos de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra). El contrató venció en enero de este año.
“Decíamos que estos radares eran ‘cazabobos’”, continuó Acevedo, “porque al estar semi escondidos, sin la señalética para que uno sepa que se está acercando a un lugar radarizado, todas esas anomalías les venían bien a estas para emitir muchas multas con el consiguiente poder recaudatorio”.
Ahora, el gobierno de Río Negro avanza con la licitación pública Nº 71 para el manejo de los radares en las rutas de jurisdicción provincial con la intención de poner en funcionamiento un servicio eficiente. El lunes pasado, la subsecretaría de Suministros abrió los sobres con las propuestas de tres empresas. Dentro de los próximos 40 días, se estima que se conocerá cuál de las entidades se quedará con el servicio, que es también un negocio millonario.
Según los pliegos, el contrato tiene una duración de 5 años con opción de prórroga por única vez, por el término de 24 meses. La licitación no tiene un presupuesto específico definido, sino que cada oferente debe presentar su propuesta estableciendo el porcentaje que pretende percibir por la prestación del servicio, con una aclaración: el mismo no puede superar el 45% de los importes recaudados mensualmente.
El ganador deberá presentar en diez días un detallado plan de trabajo, para poner en marcha cuanto antes el denominado “sistema integral de captación y procesamiento de imágenes para la detección electrónica de infracciones de tránsito y la asistencia de la gestión de cobro de las mismas, para la Provincia de Río Negro”.
El plan de trabajo contempla la colocación de:
– 20 cinemómetros fijos
– 24 equipos de control de infracciones digitales
– 8 cinemómetros móviles
– dispositivos para detección de cruce con luz roja en semáforos y giros indebidos
-17 PDA (Asistente Personal Digital) para el labrado digital de actas.
El prestador, además, deberá incorporar 8 vehículos utilitarios livianos Renault Kangoo 0 km; 4 pórticos de monitoreo, conteo y clasificación vehicular; y 4 balanzas dinámicas de alta velocidad.
¿Quiénes son?
Las tres empresas que buscan ganar la licitación para prestar el servicio en la provincia fueron observadas por distintos motivos, que van desde no cumplir con los requisitos para participar de la licitación, hasta acusaciones de presunto lavado de dinero.
Una de las empresas es Brocart S.A, que tiene una ventaja respecto de las demás porque la Provincia armó la licitación sobre la base de una propuesta que la propia empresa elaboró. La Ley 3484 habilita la licitación en base a “propuestas particulares”. En el artículo 10, establece que la propuesta presentada por la “iniciadora” del proyecto, tiene preferencia cuando haya ofertas de equivalente conveniencia. Si otra empresa presenta una oferta más conveniente, tiene la chance de igualarla.
La propuesta presentada por Brocart S.A fue declarada de interés público en el decreto 499/25, que lleva la firma del gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Seguridad, Daniel Jara, y el titular de Modernización, Milton Dumrauf.
En la propuesta que presentó la empresa, cuyo directorio está integrado por los entrerrianos Ivan David Wuignier y Sergio Javier Jacobi, ofreció quedarse con el 45% de los montos recaudados a través de las multas. Puso un seguro de caución por la oferta de 50 millones de pesos y una garantía de contrato mediante una póliza de seguro por 250 millones de pesos.
Esta empresa ya presta servicios en otras provincias. En Entre Ríos, administra 20 equipos de control por radar en la ruta nacional 14 y ruta 26. Según medios locales, la firma percibe por sus servicios alrededor de 800 millones de pesos por mes, que representa aproximadamente la mitad de lo recaudado con este sistema de prevención de siniestros viales.
En los últimos meses, posaron la lupa sobre la licitación que otorgó el servicio a la empresa durante el gobierno de Gustavo Bordet. Sostienen que la licitación que benefició a Brocart S.A fue, en realidad, una contratación directa porque en el proceso de licitación se invalidó la participación de otros oferentes. Además, advierten que no cumple con las exigencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para operar sobre rutas y autopistas nacionales.
En tanto, en Misiones, donde Brocart S.A se quedó con la licitación del servicio, la mira apuntó al ministro de Seguridad provincial, Marcelo Gabriel Pérez. Lo denunciaron por la adjudicación directa de la misma empresa.
Otra de las entidades que compiten por la licitación es la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra). Se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro creada hace 19 años, y es la última empresa que operó el servicio en la provincia de Río Negro.
La propuesta presentada por la Cámara es la más baja de las tres. Consiste en percibir el 35% de los montos recaudados por las multas correspondientes a infracciones de tránsito. Se trata de una cifra considerablemente inferior a la que había pautado en el contrato mediante el cual operó el servicio durante los últimos cinco años (en esa oportunidad, el acuerdo establecido era del 48%). Ofreció como garantía de la oferta un seguro de 50 millones de pesos.
Pese a las críticas por el funcionamiento deficiente que tuvo en la provincia de Río Negro, la Cámara nunca recibió sanciones y nada le impide, desde el punto de vista legal, volver a presentarse para quedarse con la concesión.
Esta Cámara de empresas estuvo investigada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), junto a su Presidente, Bernardino García, y su hijo, Mariano García, por graves irregularidades en la provincia de Buenos Aires. La acusación consiste en que realizaba la instalación y operaba equipos de fotomultas sin cumplimentar el procedimiento legal reglamentario que se exige indefectiblemente para que las infracciones sean válidas, en complicidad con el ex Ministro de Transporte Jorge D´Onofrio.
Durante el acto de apertura de sobres, Pedro Aribe, en representación Tránsito Seguro S.A., observó la oferta de Cecaitra “por ser esta una asociación civil sin fines de lucro, no estando facultada para participar de licitaciones públicas” por no contar con la constancia de ARCA para para prestar servicios lucrativos. Ahora el ministerio de Seguridad deberá resolver el planteo.
La empresa Tránsito Seguro S.A, de Leandro Camani, ofreció quedarse con una cifra intermedia: el 42% de lo recaudado con las multas. En su oferta, agregó “un beneficio adicional en virtud de la propuesta técnica realizada” y propuso, además, “destinar el 5% de lo efectivamente percibido por la firma en caso de ser resultado adjudicado (sic), para programas de la Agencia de Seguridad Vial”.
Esta empresa opera radares en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. En 2023, fue denunciada por presuntas irregularidades en la gestión de fotomultas de tránsito en varios municipios bonaerense. Las denuncias son por los delitos presuntos de sobreprecios, evasión fiscal y uso de intermediarios para eludir licitaciones públicas.
En diciembre de 2024, la Justicia Federal ordenó un allanamiento a la empresa, en el marco de una investigación que busca determinar si intendentes y funcionarios bonaerenses triangularon con fundaciones de la Universidad Nacional de General San Martín fondos de infracciones de tránsito.
Ahora, el Gobierno rionegrino deberá analizar las propuestas y definir cuál de las empresas reúne mejores condiciones para hacerse cargo del servicio durante los próximos cinco años, con la opción de prórroga por 24 meses más.
Una ley para poner fin al libre albedrío
Con el objetivo de ordenar una actividad que funcionó durante años de manera irregular, la Legislatura de Río Negro sancionó, en julio de 2024 y por amplia mayoría, la Ley Nº 5726, que otorgó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial -APSV-, un plazo de 90 días para regularizar el funcionamiento de los aparatos, y suspendió temporalmente el funcionamiento de los mismos. Además, prohibió el uso de cinemómetros que no estén autorizados y estableció un procedimiento único para su autorización.
Uno de los impulsores de la norma fue el legislador Javier Acevedo (CC-ARI), que también estuvo presente en la apertura de sobres para la licitación. En diálogo con LTP, remarcó que la iniciativa surgió “ante tantos reclamos y ante tantas situaciones poco claras en su funcionamiento, en la emisión de infracciones y de las notificaciones”.
Ahora, la empresa que gane la licitación va a tener que cumplir con una legislación antes inexistente. “Si ellos se salen de algunas cuestiones que la ley marca, automáticamente la infracción se cae”, indicó el legislador. “No creo que ellos puedan manejarse de la manera que se manejó Cecaitra, que era un libre albedrío. No es que no creo, no van a poder”, remarcó el legislador. Para concluir, indicó que, desde el punto de vista de la prevención, “si todos respetamos la ley, el radar que mejor funciona es aquel que no emite multas”.
