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Se trata de Marco Chediek, que había amenazado de muerte a Juan Grabois y Hugo Moyano, entre otros dirigentes. También deberá donar la misma cantidad de dinero a un comedor comunitario.
Marco Chediek, empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), fue condenado a cumplir diversas sanciones por amenazar de muerte a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano en diciembre de 2023.
El Tribunal Oral Federal N°5 emitió un fallo que lo obliga a donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. No sólo eso: también deberá realizar tareas comunitarias durante un año y ofrecer disculpas públicas a través de TikTok.
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La causa se inició tras las denuncias de Grabois y Baradel ante el juez Daniel Rafecas, quien determinó que Chediek había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.
En los videos que compartió, el empresario advertía que, en caso de protestas contra el gobierno de Javier Milei, los manifestantes podían “recibir disparos o sufrir agresiones físicas”. En particular, dirigió amenazas directas a Grabois: “Vos, Grabois, que fuiste el primero en hacer quilombo, sos responsable de lo que le pase a tu gente… Llevá varios matafuegos… Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.
Rafecas argumentó que el empresario buscaba generar “temor en las personas mencionadas” y que su decisión tiene como objetivo establecer un límite a los discursos de odio.
La denuncia fue respaldada por Argentina Humana, el CELS y Suteba, quienes actuaron tras la difusión de los mensajes intimidatorios en las redes sociales.
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Los trabajadores del Garrahan rechazaron el veto de Milei
Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de ATE del Hospital Garrahan, expresó en las últimas horas la indignación de los trabajadores por el veto presidencial a la ley que buscaba recomponer salarios y terminar con la precarización de becas en el centro pediátrico.
“El hospital está con una bronca bárbara, porque si bien sabíamos que la decisión del presidente tenía un 99% de probabilidad, no deja de generar un enorme rechazo. La sensación generalizada es que nuestro reclamo es justo, respaldado por las familias y por la realidad que vivimos todos los días”, señaló en declaraciones radiales.
Lipcovich subrayó que la medida vetada no sólo contemplaba la recomposición salarial, sino también un primer paso para frenar el vaciamiento que sufre el Garrahan, evidenciado en la renuncia constante de profesionales calificados que migran al sector privado. “Se privatiza un recurso humano formado en el sistema público y se niega el usufructo de ese recurso a los niños y niñas del país, restringiéndolo solo a quienes tienen dinero”, explicó.
