Quisiera poner de manifiesto un creciente problema en la cotidianidad institucional y que exige adoptar medidas para ser contrarrestado. Es la emergente de la “burocracia defensiva” o el denominado “miedo a firmar”. Este temor es el del gestor público, sea un cargo electo, de confianza política o funcionario, que se retrae en su proceder en sus obligadas las resoluciones administrativas ante la posible exigencia de responsabilidades por ser el firmante de éstas.
Expedientes acumulados en un archivo
LV
Un vértigo que paraliza al actuante y a la administración. Es el espanto a resolver ante la posibilidad de incurrir en responsabilidades. Decidir conlleva el riesgo para el gestor público de que su proceder, de no ser el correcto, pueda afectar a su patrimonio personal, reputación o incluso la libertad. Ante esta incerteza, no es infrecuente que de forma cada vez más notoria y presente, el firmante opte por una actitud “defensiva” concretada en un miedo a firmar. Un lastre añadido a la ya excesiva burocracia tornada en un impuesto añadido para el emprendimiento y la ciudadanía. Una praxis deficiente y una frustración constante para quienes aguardan acciones y respuestas y tienen el derecho a un buen gobierno y a una administración eficaz y diligente.
Un vértigo paraliza a la administración: el espanto a incurrir en responsabilidades
No cuestiono en modo alguno, al contrario, la obligada exigencia de responsabilidades y de la obligación de responder al gestor público cuando se deriven perjuicios a la administración o al ciudadano por su intervención negligente o “chapucera” e impropia. Tampoco soslayo que reformas legales recientes hayan favorecido, sin pretenderlo, el temor desmedido ante las consecuencias de una signatura. No es de extrañar en este contexto la multiplicación de los recursos por silencio administrativo.
Nadie puede instalarse en zonas de confort ni mucho menos refugiarse en la mala praxis. Son prácticas inaceptables la falta de respuesta o de interpretaciones sesgadas, la inacción u omisión, las motivaciones precarias y las dilaciones, el no resolver en plazo, aferrarse a las literalidades normativas o la solicitud de informes adicionales o emitirlos con imprecisas, innecesarias o improcedentes observaciones o recomendaciones.
Es innegable que las tomas de decisión son ahora más complejas por abarcar distintos sectores y prestaciones de servicios con iniciativas distintas que responden al interés general desde el ámbito público y en colaboración con la iniciativa privada.
El miedo a firmar del gestor público no puede ser insuperable y ha de disiparse para no perjudicar el desempeño de la actividad administrativa. Se requiere una buena dirección política y funcionarial. Y al efecto deviene imprescindible la formación especializada y continua, la tecnificación y unos recursos humanos sin vacantes. Y súmese la profesionalización inexcusable de los máximos niveles de decisión con una retribución acorde a la exigencia de capacitación y de responsabilidades además de la garantía de retorno profesional.
El temor a las consecuencias del proceder debe ser neutralizado con una mayor calidad de las normativas a aplicar o del marco regulatorio y con un garantista código de responsabilidades (penal, administrativa o contable) que aúne las varias existentes y en los distintos ámbitos.
Debe ampararse la seguridad jurídica, la solvencia institucional y la transparencia y, en paralelo, el derecho de todos a una administración proactiva y eficiente para el emprendimiento y la prestación de los servicios públicos siendo el ciudadano el epicentro de su buena gestión.
