La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un plan de vivienda asequible antes de finalizar 2025. La Unión ha entendido por fin que la crisis habitacional global es también un problema europeo. La prensa internacional da cuenta cada día de los efectos del incremento de los precios, especialmente del alquiler, en sus respectivos países. El acceso a la vivienda se ha convertido hoy en el principal indicador de la desigualdad entre los ciudadanos, lo que incide en los principios fundacionales de la Unión Europea. Y eso ocurre en Barcelona, en todas las ciudades del continente y en todo el mundo, a excepción de Viena y Singapur.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
LV
La solución a la crisis global de la vivienda solo puede ser global. Y la deben abordar desde los ayuntamientos, las administraciones regionales, las nacionales y, por supuesto, la europea. Una solución multinivel, cada cual según su dimensión presupuestaria y capacidad competencial. Nadie debe ponerse de lado.
La solución a la crisis de la vivienda no avanzará hasta que se aborde desde principios sociales
Un frente de batalla de las ciudades están siendo los apartamentos turísticos, que tensionan esta crisis. Los ayuntamientos están poniendo límites. En Barcelona, se prohibirán a partir de 2028. Pero ya están surgiendo iniciativas desde los gobiernos locales que van más allá de los pisos turísticos. Hay que prestar atención a lo que sucede en Francia. Algunos municipios, como Oléron, Annecy, Bonifacio, Biarritz, Chamonix y Saint-Malo, entre otros, han iniciado el proceso para prohibir las segundas viviendas. Se dan casos en los que hasta seis de cada diez domicilios son residencias secundarias, una barrera para los ciudadanos locales. Estas medidas están amparadas por la llamada ley Echaniz-LeMeur, por los apellidos de los dos diputados que la han impulsado, el socialista Iñaki Echaniz y la macronista Annaïg Le Meur. La ley, aprobada en noviembre de 2024 para regular los alojamientos de temporada, permite reservar parte del suelo del término municipal únicamente para residencias principales, siempre que las secundarias superen el 20% del municipio. Las segundas viviendas afectan principalmente a poblaciones con alta carga turística.
No es Francia, pero en la ciudad suiza de Verbier aprobaron en 2012 una ley federal que limita al 20% el suelo destinado a residencias secundarias. En esta población alpina, residen 3.000 personas durante el año, mientras en invierno, en plena temporada de esquí, aumentan a 35.000.
Volviendo a Francia, un reciente estudio del Institut Montaigne pone en evidencia las dificultades de las clases medias para acceder a una vivienda en propiedad. Y es que los precios se han incrementado un 88% en los últimos 20 años. No es descabellado pensar que las medidas para limitar las segundas viviendas se extiendan ahora por Europa. Y es que la solución a la crisis de la vivienda no avanzará hasta que se aborde desde principios sociales, como en Viena hace un siglo, y no comerciales.
