Los datos que sustentan esta evaluación son contundentes. El progreso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se desaceleró desde mediados de 2010: creció apenas 0,2% en el último quinquenio, muy por debajo del 0,7% promedio registrado entre 1990 y 2015. La pandemia provocó el primer descenso del IDH desde su creación, y aunque la región se recuperó, el ritmo sigue siendo lento.
Más preocupante aún: más de la mitad de los latinoamericanos carece de mecanismos adecuados para enfrentar eventos adversos moderados sin repercusiones duraderas. El 31% de la población vive en situación de vulnerabilidad —no son pobres, tienen trabajo, pero una crisis los hundiría en la pobreza—, mientras la incertidumbre regional se disparó 101% en 2025 y supera en casi 50% la media mundial.
Revolución digital incompleta con brechas crecientes
La primera amenaza identificada es la desigualdad tecnológica, que amenaza con profundizar las fracturas sociales existentes en lugar de cerrarlas. Aunque la cobertura digital se expandió significativamente en las últimas décadas, las brechas persisten y, en algunos casos, se amplían.
Solo el 2% de la población regional tiene acceso a redes 5G, mientras en economías avanzadas ese porcentaje alcanza el 28%. Los costos de banda ancha son cuatro veces más elevados que en países desarrollados y representan el 5,4% del ingreso per cápita promedio, frente al 1,3% en la OCDE.
Las diferencias internas son aún más marcadas: los hogares con ingresos altos tienen casi el doble de probabilidades de acceder a internet que los más pobres (85% contra 46%). La brecha entre zonas urbanas y rurales es similar: 75% contra 36%.
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La expansión de la economía por el lado de plataformas como Uber o Rappi, freelancers y monotributistas ilustra esta paradoja: ofrece oportunidades laborales —el 74% la usa como fuente secundaria de ingresos— pero reproduce patrones de informalidad. Solo entre 27% y 65% de estos trabajadores contribuye a sistemas de jubilaciones y pensiones.
Respecto a la inteligencia artificial, las estimaciones del PNUD indican que entre 26% y 38% de los trabajos están «expuestos» a esta tecnología, pero apenas entre 1% y 6% del empleo corre riesgo de automatización directa. Si el acceso a competencias relacionadas con IA permanece concentrado, la tecnología podría profundizar desigualdades en lugar de promover crecimiento inclusivo.
Veinticuatro países ya integran IA en operaciones del sector público, principalmente en servicios públicos, logística y seguridad ciudadana. Sin embargo, estos sistemas pueden perpetuar sesgos discriminatorios contra mujeres y grupos marginados si no se gestionan adecuadamente.
Fragmentación social y colapso de la confianza
La segunda amenaza es el deterioro del tejido social, que se manifiesta en la pérdida de confianza institucional y la creciente polarización política. Los números son elocuentes: la confianza en «la mayoría de las personas» cayó gradualmente desde 2009, mientras la confianza en los gobiernos también disminuyó entre 2009 y 2018.
El porcentaje de personas que se identifica con un partido político se desplomó del 43,3% en 2010 al 24,9% en 2023. Esta desafección impulsó el crecimiento de liderazgos personalistas que se presentan como figuras antisistema.
América Latina y el Caribe es hoy la región más polarizada del mundo, según el proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem). La brecha entre quienes se sienten «representados» por el gobierno electo y quienes se sienten «excluidos» se amplía constantemente.
Un dato particularmente preocupante surge entre los jóvenes: el 50% de quienes tienen entre 18 y 25 años justificaría un golpe de Estado para enfrentar altos niveles de delincuencia, frente al 30% de los adultos mayores de 66 años.
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Esta fragmentación social creó espacios que ocupó el crimen organizado. Casi la mitad de los homicidios regionales tienen relación directa con organizaciones criminales que expandieron sus actividades más allá del narcotráfico hacia la trata de personas, minería ilegal y extorsión.
Las redes criminales descentralizadas, en las que participan diversos actores, facilitaron la rápida expansión y diversificación de mercados ilegales, extendiendo su influencia a zonas antes consideradas seguras.
Crisis climática con impacto económico inmediato
La tercera amenaza —el cambio climático— dejó de ser una preocupación futura para convertirse en una realidad que limita el desarrollo humano y afecta la productividad económica.
Los últimos cinco años fueron los más calurosos de la historia regional. En 2024, la temperatura promedio fue 2,3°C superior al valor promedio del período 1951-1980. Entre 2000 y 2019, las muertes adicionales por causas relacionadas con el calor ascendieron a 36.700 anuales, con aumentos drásticos en la última década: 140% en América Latina y 103% en el Caribe.
Los fenómenos meteorológicos extremos se duplicaron. En el Caribe, de 5,2 eventos anuales en 1963-1999 a 10,7 en 2000-2023. En América Latina, el número casi se triplicó: de 14,5 a 41,9 eventos anuales.
Las consecuencias económicas son tangibles: la reducción de productividad laboral relacionada con el calor provocó pérdidas por 1.780 millones de dólares en 2022. Los incendios forestales afectaron 400 millones de hectáreas entre 2002 y 2023, una superficie comparable a Argentina y Chile juntos.
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Contexto vulnerable y ventajas comparativas
El informe subraya que estas tres amenazas no actúan de forma aislada sino que interactúan de maneras complejas e imprevistas. Las tecnologías digitales reconfiguran el discurso político y transforman la participación ciudadana. Las manifestaciones del cambio climático impulsan migración y presionan estructuras de gobernanza. La fragmentación social debilita la acción colectiva necesaria para abordar eficazmente tanto disrupciones tecnológicas como climáticas.
Esta interconexión ocurre en un contexto regional especialmente vulnerable. Más de 174 millones de personas viven en situación de pobreza, mientras la región registra el crecimiento económico más lento del mundo. La productividad se estancó en comparación con economías en rápido crecimiento, y los países muestran una complejidad económica baja y en descenso desde hace décadas.
El informe advierte sobre los efectos dominó que pueden generar estas dinámicas: crisis que se propagan entre sectores y se acumulan, amplificando su impacto. En tiempos de crisis, el andamiaje del desarrollo cede porque fue construido asumiendo un contexto de relativa estabilidad que ya no existe. «La incertidumbre ya no es la excepción, sino la nueva normalidad», sintetizó Steiner.
El PNUD identifica que la región posee a pesar de todo ventajas comparativas significativas: más de la mitad de las reservas mundiales de litio y más del 35% de las de cobre, elementos fundamentales para transiciones energéticas globales. También destaca la creciente conciencia climática de la población, que demanda respuestas gubernamentales más concretas y ambiciosas.
