Los promotores aseguran que la legislación actual está desfasada y que la actualización es necesaria para cortar las fuentes financieras del delito organizado.
Por revistaeyn.com
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo volvió a colocarse en el centro del debate público en Guatemala tras la presentación, a finales de julio, de un anteproyecto que pretende modernizar el marco legal vigente.
El Ejecutivo remitió al Congreso de Guatemala la propuesta denominada “Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo”, un paquete normativo extenso que según el Gobierno busca golpear las arcas de las organizaciones criminales.
La iniciativa, compuesta por 126 artículos —incluyendo disposiciones transitorias y finales—, fue entregada al Congreso el 28 de julio y más tarde, el 3 de septiembre, fue remitida a comisiones para su estudio. Sus promotores aseguran que la legislación actual está desfasada y que la actualización es necesaria para cortar las fuentes financieras del delito organizado.
Entre los cambios más relevantes figura la ampliación de la tipificación del terrorismo en el Código Penal y la introducción de sanciones severas: penas privativas de libertad que podrían alcanzar hasta 30 años y multas que, en ciertos casos, podrían ascender a US$800.000.
La propuesta incorpora además la posibilidad de declarar responsables penalmente a las personas jurídicas y de cancelar su personalidad legal si se demuestra su participación en el financiamiento de actividades terroristas.
El proyecto crea, además, un Consejo Nacional encargado de coordinar la respuesta estatal frente al lavado y al financiamiento del terrorismo —y, de forma novedosa, también frente a la proliferación de armas de destrucción masiva—. Ese órgano tendría como presidente al vicepresidente (a) de la República y se plantea como el nodo de interconexión entre las distintas instituciones estatales involucradas.
Los defensores de la iniciativa señalan que su aprobación es urgente por motivos de cumplimiento internacional: organismos regionales y multilaterales evalúan continuamente a los países en materia de prevención financiera y la falta de ajustes podría exponer a Guatemala a sanciones o a la inclusión en la llamada “lista gris”, con efectos adversos sobre la economía y el acceso a servicios financieros.
La próxima evaluación del país está prevista para principios de 2027, por lo que los tiempos legislativos son considerados apremiantes por expertos y autoridades.
El texto también ordena medidas concretas de cooperación internacional: prohibiciones de ingreso y permanencia para personas señaladas por el Consejo de Seguridad de la ONU, obligaciones de congelar activos preventivamente y un mandato para que migración y relaciones exteriores apliquen las designaciones internacionales. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) respaldó la iniciativa, apuntando que armoniza la legislación nacional con tratados y recomendaciones internacionales en la materia.
Con información de La Hora
