Un tributo a productos fitosanitarios de «alta peligrosidad» y la creación de una tasa para actividades de caza se incluyen en el área del Ministerio de Ambiente del proyecto.
Foto: Leonardo Mainé.
Redacción El País
En el marco de la comparecencia del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda en la Cámara de Diputados, se debate por estas horas sobre dos impuestos «escondidos», a decir del Partido Nacional, dentro de la propuesta presupuestal que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.
Lo que genera más polémica tiene que ver con el artículo 468 del proyecto de ley, que establece que a las «sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios» se les cobrará un impuesto, el cual se determinará «de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo, según corresponda».
Este pago podría ser de hasta 25 Unidades Indexadas (UI), o sea unos $160. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo «a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas incluidas en este numeral considerando criterios de peligrosidad para la salud».
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que este cobro «no tiene ningún fundamento» y que «lo presentan como un instrumento de gestión ambiental». En la misma línea se expresó el diputado colorado Walter Cervini, quien manifestó que «afectará a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios».
Por otra parte, el artículo 471 del Presupuesto crea un «registro de cazadores de alcance nacional a cargo del Ministerio de Ambiente con la finalidad de habilitar y controlar mediante la inscripción, las actividades de caza de fauna silvestre». Asimismo «crea una tasa a efectos de la habilitación de las actividades de caza y su inscripción en el registro, que será recaudada por el Ministerio de Ambiente. El Poder Ejecutivo podrá graduar el monto de la tasa entre un mínimo de 1 UR (una unidad reajustable) y un máximo de 100 UR, en función de las especies a cazar, el cupo de ejemplares y la extensión del período de vigencia del registro», dice el texto. Una UR equivale a $ 1.835,93.
Lo recaudado irá al Fondo Nacional de Medioambiente (Fonama).
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