Este lunes, familiares, amigos y el Frente de Mujeres y Disidencias en Lucha de Pilar convocaron a una movilización en el centro de Pilar para exigir justicia por Solange Sanabria Ventura, la joven de 25 años de General Rodríguez asesinada días atrás.
La concentración comenzó en la Plaza 12 de Octubre, desde donde se marchó hacia la comisaría local y finalmente hasta la puerta del departamento donde fue hallada la víctima, a escasos metros de la municipalidad de Pilar. Allí se pronunciaron palabras en su memoria, se encendieron velas y se repitieron con fuerza los gritos de “¡Justicia por Solange!” y “¡Vivas y libres nos queremos!”.
El femicidio de Solange conmociona a la región. La joven había estado desaparecida durante varios días antes de ser encontrada asesinada en pleno centro de Pilar. Su pareja quedó detenida como principal acusado. La familia denunció que no hubo una búsqueda real ni respuestas rápidas de las autoridades.
Pilar, escenario recurrente de violencias
El caso de Solange se suma a otros hechos recientes que tuvieron lugar en Pilar, entre ellos el travesticidio de Sofía Fernández. Estas situaciones convirtieron al distrito en noticia recurrente por crímenes de odio y violencia machista. Desde hace años, el Frente de Mujeres y Disidencias en Lucha de Pilar viene advirtiendo y denunciando esta problemática de manera reiterada.
Durante la marcha, las organizaciones feministas remarcaron que este nuevo femicidio es consecuencia de la inacción del Estado en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal—, que no destinan presupuesto ni aplican políticas reales para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género.
En ese marco, es urgente volver a plantear la necesidad de un plan de emergencia contra la violencia machista.
La negación desde el gobierno de Milei
La postura del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, que niegan la existencia de la violencia de género como problema estructural. Mientras el oficialismo desmantela programas y áreas específicas, los femicidios y travesticidios continúan. No se trata de casos aislados ni de conflictos privados: son crímenes de odio machista que el Estado debe enfrentar con políticas urgentes y recursos reales.
