Bloomberg Línea — Un nuevo estudio regional revela que abrir y mantener una empresa en América Latina y el Caribe puede tomar miles de horas al año solo en trámites específicos.
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Los datos se desprenden de la quinta edición del Índice de Burocracia 2025, a cargo del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, estudio reciente que midió el tiempo que las empresas deben dedicar a trámites de apertura y funcionamiento en 21 países, incluyendo 16 latinoamericanos, dos del Caribe y tres europeos.
Según la investigación, un empresario que quiera abrir una empresa mediana en América Latina requiere de un promedio de 1.850 horas de trabajo administrativo. Esto equivale a 231 jornadas laborales, o cerca de ocho meses de trabajo dedicados exclusivamente a cumplir con trámites burocráticos.
En algunos países, la carga es abrumadora. Mientras que en Brasil el proceso puede resolverse en 35 jornadas laborales, en Chile puede superar los dos años completos de trabajo administrativo.
Una vez en funcionamiento, la carga no se reduce, puesto que las empresas deben destinar, en promedio, 1.577 horas anuales exigidas para el cumplimiento burocrático obligatorio para operar dentro del marco legal y formal en sus respectivos países.
Este valor equivale a 190 jornadas laborales de ocho horas anuales, lo que implica que el 76% del tiempo de trabajo anual de un empleado se dedica a estas tareas.
Dicho promedio obvia una elevada dispersión; mientras que el valor mínimo registrado es de 31 jornadas laborales anuales (Panamá), el máximo (Chile) asciende a 732 jornadas laborales, lo que representa la necesidad de al menos tres empleados para el cumplimiento de las exigencias burocráticas.
The Index of Bureaucracy 2025 is officially here!
This year’s edition examines the regulatory burdens faced by medium-sized businesses in 21 countries across Latin America, the Caribbean, and Europe.
At the launch, we were honored to hear from Felipe Calderón (@FelipeCalderon),… pic.twitter.com/FO1rVpofEo
— The Adam Smith Center for Economic Freedom (@AdamSmithCenter) September 12, 2025
Aparte de Panamá, Ecuador, España, El Salvador y Uruguay también presentan buenos resultados en el Índice de Funcionamiento 2025, con trámites más ágiles y menos demandantes.
Costo del exceso burocrático
En términos económicos, el costo financiero directo de la burocracia es significativo. Para cada empresa, se estima en US$4.000 el gasto asociado a la apertura, y US$5.800 anuales para su funcionamiento, solo en horas de trabajo destinadas a trámites.
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Bajo esta lógica, el tiempo promedio destinado a trámites burocráticos para abrir una empresa representa una pérdida potencial equivalente a US$61.605 en producto nacional por empresa, mientras que la burocracia de funcionamiento anual representa US$52.514 adicionales por empresa.
Cuando se proyecta este costo a escala país, considerando un promedio de 1,8 millones de empresas activas y 262.000 nuevas firmas creadas cada año, el costo de oportunidad de la burocracia asciende a US$110.500 millones anuales, es decir, el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) agregado de los países incluidos en el estudio.
El estudio también identifica un grupo de países que destacan por su mejor desempeño tanto en apertura como en funcionamiento. Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay forman el conglomerado con las burocracias más eficientes en 2025, mostrando que es posible reducir la carga sin comprometer la legalidad ni el control estatal.
Más allá de los montos desperdiciados, la burocracia es una traba directa al desarrollo empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas en etapas tempranas, dice el informe. “Su efecto puede resultar desproporcionadamente negativo, al frenar su capacidad de competir, crecer e innovar, y al limitar, en última instancia, el potencial de desarrollo de la economía en su conjunto”.
Durante el lanzamiento del informe, organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, en la FIU, su director fundador, Carlos Díaz-Rosillo, destacó que el estudio no busca atacar la existencia de la regulación, sino poner el foco en sus excesos.
“Nuestro objetivo no es decir que las burocracias no deben existir. La regulación es necesaria, al igual que los procesos que permiten que la economía funcione eficientemente”, afirmó. “Pero nos preocupan aquellas regulaciones excesivas que terminan siendo una carga para las empresas. Con este índice queremos ofrecer un análisis objetivo que ayude a que las compañías sean más efectivas y las políticas públicas, más eficientes”.
