Los dueños de las licencias de los coches de alquiler con conductor que trabajan con apps y sus conductores preparan ya una cruenta guerra judicial contra la Generalitat para evitar su desaparición de las calles del área metropolitana de Barcelona.
Un día después de que representantes del departament de Territori dieran a conocer el borrador de la próxima ley del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas la patronal española del sector de los VTC y sus representantes sindicales anunciaron de un modo muy dramático que están dispuestos a todo con tal de sobrevivir, que de nuevo harán llegar al Govern un plan alternativo, que este martes protestarán ante la sede de Territori, que una multitud de pequeños empresarios y autónomos preparan ya reclamaciones patrimoniales multimillonarias, que pedirán amparo a todas las instituciones y tribunales…
“No nos vamos a dejar matar: no pueden regular nuestra actividad en función de los intereses de ‘Tito’”
Según explicaron este miércoles Jose Manuel Berzal, de Unauto, la patronal, y José María Cazalla, del Sindicato Libre de Transportes (SLT), los conductores, la semana que viene propondrán otra vez a la Generalitat la electrificación total de sus vehículos y la instauración de los viajes compartidos. La implantación de una de una flota Cero emisiones, subrayaron, casa muy bien con los planes del Govern del president Salvador Illa en materia de sostenibilidad, y encima viene de algún modo respaldada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que las administraciones no pueden proteger al taxi porque se trata de un servicio público, que las restricciones a las actividades han de venir justificadas por su contribución al interés común, que las limitaciones han de motivarse por cuestiones medioambientales y de congestión.
“Esperamos que está vez el Govern nos dé una respuesta –abundaron Berzal y Cazalla a modo de advertencia–. No nos vamos a dejar matar. No puede ser que la Generalitat regule nuestro sector siguiendo los dictados e intereses de los taxistas y de su líder, Alberto Álvarez, alías Tito ”. Y ante estas acusaciones Tito respondió una y otra vez que la mayor parte de estos vehículos hace a los taxistas una competencia ilegal, que en realidad funcionan como taxis pese a no contar con la preceptiva doble licencia que autoriza esa actividad, que se acabó lo de reirse de las instituciones y las normas.
Unauto y el Sindicato Libre de Transportes entienden que estas irregularidades son resultado de una regulación tan controvertida que suma una retahíla de sentencias que la cuestionan. También señalaron que los planes del Govern también comportarán la pérdida de 6.000 empleos. Lo que pretenden es que el ejecutivo se eche atrás y autorice a las cerca de 4.000 licencias VTC aún presentes en Catalunya a operar libremente en el área metropolitana. “Entonces sumaríamos más de 10.500 empleos. Los barceloneses sufren un servicio muy deficitario. Faltan taxis. Los intereses de la gente no pueden someterse a los de Tito ”.
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Los propietarios de las licencias y los conductores de los vehículos son en verdad la punta de lanza de Uber, de Cabify, de Bolt… porque estas multinacionales dedicadas a la intermediación facilitan principalmente las aplicaciones que permiten a a estas flotas captar clientes. Son los propietarios de las licencias y los conductores quienes de veras se verán afectados si la propuesta del Govern sale finalmente adelante. De ahí su contundencia. El modelo que se perfila en Barcelona es único, y estas compañías podrán continuar operando en multitud de ciudades del planeta.
