El Proyecto de Presupuesto 2026, analizado en detalle por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), traza una hoja de ruta ambiciosa: equilibrio financiero, superávit primario y un crecimiento económico que duplica las previsiones privadas. La magnitud de los desafíos que enfrenta la economía argentina obliga a interrogarse si el optimismo oficial es sostenible o si se trata de un ejercicio de voluntarismo político más que de realismo económico.
Un equilibrio que depende de supuestos
El informe de ASAP destaca que el Gobierno proyecta para 2026 un resultado financiero prácticamente equilibrado, con un superávit primario de 1,2% del PIB. La diferencia es significativa respecto a la trayectoria reciente: en 2023, el déficit financiero había alcanzado el 34% de los ingresos.
Los números oficiales prevén ingresos totales por $146,6 billones y gastos por $148 billones, ambos equivalentes al 14,2% del PIB. La clave está en el resultado primario: los ingresos antes del pago de intereses superarían en $12,5 billones al gasto primario, lo que permitiría afrontar vencimientos de deuda sin necesidad de mayor emisión monetaria.
Sin embargo, el informe advierte que este esquema se sostiene sobre proyecciones optimistas de crecimiento y de inflación. Si estas no se materializan, el equilibrio corre riesgo de diluirse.
Proyecciones en disputa
El presupuesto se apoya en una expansión del PBI de 5% en 2026 y en una inflación de 10,1% anual. Ambas metas contrastan con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta un crecimiento de apenas 3,2% y una inflación de 17,7%.
La brecha no es menor. Una inflación más alta incrementaría el gasto indexado (jubilaciones, salarios públicos, transferencias), mientras que un crecimiento menor reduciría la recaudación. La combinación de ambas variables pondría en cuestión la consistencia del equilibrio proyectado.
Ingresos y presión tributaria
Los recursos tributarios y de seguridad social alcanzarían $138 billones, con una presión impositiva de 13,3% del PIB, levemente superior a 2025. El IVA continúa siendo el pilar central, con $32,9 billones, equivalente al 3,2% del PIB y un 24% de la recaudación total.
Le siguen el impuesto a las Ganancias, con $16,5 billones, y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, con $16,4 billones. En el comercio exterior, los derechos de exportación aportarían $9,9 billones, mientras que los de importación se ubicarían en $6,6 billones.
Un capítulo aparte lo constituye el gasto tributario, que asciende a $35,3 billones (3,4% del PIB). El monotributo representa el 28% de ese total, reflejo de un régimen simplificado que alivia la carga fiscal de pequeños contribuyentes, pero reduce de manera significativa los ingresos potenciales.
El peso del gasto social
El gasto corriente absorbe el 97,8% del total presupuestado. Dentro de él, las prestaciones de seguridad social suman $67 billones, es decir, casi la mitad del gasto nacional. El informe subraya que el peso de jubilaciones y pensiones constituye el principal condicionante de la política fiscal.
Otros rubros relevantes son las transferencias corrientes a provincias, universidades y empresas públicas, que crecerían un 10% real en 2026. El gasto en salud registra un aumento del 17,4% real y en educación y cultura, del 8%. En contraste, la inversión en vivienda y urbanismo cae un 6,9%, y el gasto en ciencia y tecnología apenas crece un 0,6%.
El recorte más sensible se produce en el marco normativo: el presupuesto 2026 deroga disposiciones que garantizaban una expansión progresiva del financiamiento en ciencia y técnica hasta alcanzar 1% del PIB en 2032.
La inversión y las prioridades
El gasto de capital asciende a $3,3 billones, un crecimiento interanual del 32% real respecto de la ejecución de 2025. Sin embargo, comparado con el crédito vigente, la variación es negativa.
Entre las obras previstas destacan proyectos de provisión de agua potable en Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán; la incorporación de helicópteros navales livianos para la Armada; y trabajos de mantenimiento vial. También se incluyen transferencias de capital significativas a empresas estatales como Energía Argentina y Nucleoeléctrica Argentina.
El desafío de la deuda
Aunque el presupuesto se presente equilibrado, las necesidades de financiamiento para 2026 ascienden al 28,5% del PIB, debido a vencimientos de deuda por $279 billones y a inversiones financieras por $16 billones.
El Gobierno prevé cubrir estas necesidades con $289 billones de nueva deuda y con el uso de activos financieros acumulados. El 18% de las emisiones podrá colocarse en moneda extranjera y bajo jurisdicción internacional. La sostenibilidad de esta estrategia depende, en gran medida, de que el Tesoro recupere el acceso a los mercados de capitales, un supuesto que no está garantizado.
Riesgos políticos e institucionales
ASAP recuerda que gobernar sin una ley de presupuesto implica renunciar a una herramienta central de planificación y debilitar el control democrático. Desde 2020, en cuatro de los últimos cinco años, el Congreso no aprobó un presupuesto en tiempo y forma, recurriéndose a la prórroga del ejercicio anterior.
Si en 2026 se repitiera este escenario, sería la tercera prórroga consecutiva, un hecho sin precedentes desde la sanción de la Ley de Administración Financiera en 1992. Para evitarlo, oficialismo y oposición deberán alcanzar consensos mínimos, en un clima político donde las divisiones suelen primar sobre los acuerdos.
Una oportunidad incierta
El Presupuesto 2026, tal como lo sintetiza el informe de ASAP, encarna una paradoja. De cumplirse las proyecciones oficiales, Argentina lograría equilibrio fiscal, superávit primario y crecimiento sostenido. Pero si prevalecen las estimaciones privadas, el escenario podría revertirse en déficits crecientes y mayor endeudamiento.
La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de planes que se apoyaron en supuestos optimistas y se vieron desbordados por la realidad. El debate parlamentario será, por lo tanto, algo más que una discusión contable: se trata de definir si el país cuenta con un programa económico viable o con un ejercicio retórico de difícil cumplimiento.
