Italia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en sancionar una ley que regula la inteligencia artificial. La norma impone límites para menores, castigos por usos fraudulentos y busca garantizar un desarrollo responsable y transparente de la tecnología.
Italia dio un paso histórico al convertirse en el primer país europeo en aprobar una legislación específica sobre inteligencia artificial (IA). La norma, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, establece un marco legal para controlar el uso de la tecnología, prevenir abusos y fomentar un desarrollo responsable en sintonía con los derechos de las personas.
Sanciones y controles
El texto legal contempla penas de hasta cinco años de prisión en casos de uso fraudulento o dañoso de la IA, incluidas las llamadas deepfakes o “profundas falsificaciones”. Además, otorga un rol clave a la Agencia para la Italia Digital y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que serán las encargadas de fiscalizar su aplicación.
Uno de los puntos más destacados es la regulación del acceso de los menores: los chicos de menos de 14 años necesitarán autorización de sus padres o tutores para usar herramientas de IA en ámbitos educativos y recreativos.
Transparencia y supervisión humana
La ley refuerza la obligación de garantizar veracidad y trazabilidad en los contenidos creados por algoritmos, con especial énfasis en áreas sensibles como la salud, la justicia y el deporte, donde deberá existir supervisión humana. El objetivo, según el subsecretario de transformación digital, Alessio Butti, es “orientar la IA hacia el crecimiento, los derechos y la protección integral de los ciudadanos”.
Perspectivas y financiamiento
Durante el debate, la primera ministra Meloni aseguró que “puede y debe haber una forma italiana de gobernar la inteligencia artificial”, y destacó que se trata de “la mayor revolución de nuestro tiempo” siempre que se la utilice dentro de un marco ético.
El gobierno anunció además la creación de un fondo público de capital de riesgo de hasta mil millones de euros para apoyar proyectos de ciberseguridad, telecomunicaciones e innovación en IA. Pese a que algunos críticos lo consideran insuficiente frente a la magnitud de las inversiones de Estados Unidos y China, los defensores de la norma lo ven como un primer paso clave hacia una IA ética y segura.
