La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos viales durante la gestión del exministro Jorge D’Onofrio sumó en los últimos días nuevos testimonios que comprometen directamente a empresas que hoy operan en diversos municipios bonaerenses. Entre ellas, TNG Group S.A., actual operadora del sistema de fotomultas en la ciudad de La Plata.
Los testimonios —bajo reserva de identidad— en la causa que lleva adelante el Fiscal Álvaro Garganta aportaron detalles sobre un presunto esquema de direccionamiento de contratos y distribución de retornos, con el objetivo de beneficiar a empresas tecnológicas vinculadas al negocio de la seguridad vial.
El entramado bajo la lupa judicial
De acuerdo a fuentes con acceso al expediente, el presidente de CECAITRA, Bernardino García, habría integrado un acuerdo con el entonces ministro y un empresario cercano a TNG Group de apellido Trasmonte. El mecanismo señalado en la causa consistía en la recomendación directa de empresas por parte del Ministerio de Transporte, con soporte tecnológico aportado por CECAITRA, mientras que parte de los fondos se desviaban como retornos, perjudicando a las empresas del grupo empresarial querellante.
Las reuniones clave habrían tenido lugar en locaciones privadas y reservadas: las oficinas de CECAITRA en Panamericana y Thames, el Hotel Faena en Puerto Madero, y un country de Pilar donde residiría una de las personas señaladas. Algunos de esos encuentros, según los testimonios, habrían contado con la participación directa de las autoridades provinciales.
Efecto político en La Plata y la Provincia
Aunque el avance judicial apunta principalmente a la gestión del exministro y a los empresarios involucrados, el nombre de TNG Group también figura con fuerza en los documentos y los varios testimonios de identidad reservada agregados a la causa. La empresa hoy mantiene operaciones en varios municipios, entre ellos la ciudad de La Plata, donde fue confirmada como prestadora del sistema de fotomultas.
En ese contexto, fuentes del oficialismo provincial reconocen que el tema comenzó a generar ruido. Sin apuntar directamente contra ninguna gestión local, en algunos sectores del Ejecutivo se interpreta que, ante las revelaciones que surgen de la causa, podría ser oportuno revisar de fondo toda la normativa vial comenzando previamente a estudiar ciertos convenios para evitar nuevas tensiones políticas.
La causa continúa avanzando en paralelo en distintos fueros, con participación de la Justicia provincial y federal, y se espera que en los próximos días se sumen más testimonios e información financiera clave.
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