El gobierno de Javier Milei atraviesa un frente judicial y político luego de que la Justicia federal aceptara una denuncia contra el Presidente y parte de su gabinete por la demora en implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial.
La denuncia fue presentada por los diputados Esteban Paulón, de Hacemos por Nuestro País, y Mónica Fein, del Partido Socialista. Ambos legisladores acusaron a Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El juez Sebastián Casanello dio curso a la causa y confirmó que investigará la responsabilidad del Ejecutivo en la demora.
La polémica se encendió cuando Francos puso en duda la viabilidad financiera de la norma, al advertir que el Congreso debía definir de dónde saldrían los fondos para costearla. Sus declaraciones fueron interpretadas como una maniobra dilatoria, lo que llevó a la oposición a judicializar el caso. “Queremos saber por qué el Gobierno demora la promulgación oficial. Las familias necesitan cobrar sus pensiones, terminen con la crueldad”, reclamó Paulón a través de la red X.
Desde el oficialismo, en tanto, la reacción fue de rechazo hacia la presentación judicial. Fuentes cercanas a Casa Rosada calificaron la denuncia como “un gasto innecesario de recursos judiciales” y aseguraron que el Ejecutivo aún cuenta con plazo para implementar la ley.
El autor de la norma, el diputado Daniel Arroyo, recordó que se trata del primer rechazo a un veto presidencial en 22 años y sostuvo que el Gobierno tiene un máximo de diez días para promulgar la ley, plazo que vence el próximo martes. “A partir de ese momento, el jefe de Gabinete debe transferir las partidas al área de discapacidad y la Andis actualizar el nomenclador. Es la obligación legal”, explicó.
El trasfondo del debate es la urgencia de miles de familias que dependen de pensiones y programas de apoyo. Actualmente, la pensión por invalidez laboral equivale al 70% de una jubilación mínima, unos $224.194, a los que se suma un bono extraordinario de $70.000. A esto se agregan situaciones críticas, como las demoras en los pagos a docentes de integración, que perciben alrededor de $3.000 por hora trabajada, recién al cumplirse 180 días.
El contexto político se complejiza para Milei, que en pocas semanas vio caer varios vetos en el Congreso, mientras crecen las críticas por su estrategia de ajuste fiscal. La controversia sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad se transformó en un nuevo capítulo de confrontación con la oposición y ahora también con la Justicia.
