La descertificación de Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica y Venezuela en materia de lucha contra las drogas no es un trámite diplomático menor: es la prueba de que Latinoamérica está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. No todos los países enfrentan el mismo escenario, pero las cifras muestran que el desgarrón institucional no es solo culpa de la dejadez o del subdesarrollo, sino, en algunos casos, de la complicidad directa.
Bolivia es uno de los casos más emblemáticos. El informe de 2023 de la UNODC reporta que los cultivos de hoja de coca en Bolivia se elevaron a 31.000 hectáreas, un incremento del 4 % frente al año anterior. Se estima que solo se permite legalmente cultivar hasta 22.000 hectáreas, para usos medicinales, rituales o consumo tradicional.
Perú, un país que parecía tener a raya el problema, no queda exento del desastre: en 2022 reportó una producción récord de cocaína, con unas 2.757 toneladas estimadas, un aumento aproximado del 20 % respecto al año anterior. En este país, los cultivos ilegales resurgen, la erradicación muchas veces es tardía o insuficiente, y el Estado sigue ausente en territorios remotos donde el narcotráfico suplanta presencia institucional.
Colombia ha tenido un retroceso brutal. Ha visto un salto alarmante: en 2023 alcanzó las 253.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, la cifra más alta en más de dos décadas. Esa expansión se traduce en mayor producción potencial de cocaína, mayor degradación ambiental, mayor control territorial por mafias y disidencias. Las incautaciones han subido, pero no al ritmo necesario para frenar la maquinaria criminal que ya opera como Estado paralelo en vastas regiones.
En Costa Rica, aunque no hay cifras de cultivo comparables (porque no es país productor de hoja de coca), los reportes de agencias internacionales y locales coinciden en que el país se ha convertido en corredor estratégico: rutas marítimas vulnerables, puertos poco controlados, coastlines desprotegidas, recursos institucionales débiles para la interdicción. En resumen: una de las democracias más sanas de la región se ha transformado en un punto de tránsito libre para buena parte de la cocaína que sale de Suramérica hacia Centroamérica, Norteamérica y Europa.
Y luego está Venezuela, donde la descertificación adquiere una dimensión distinta: ya no se trata de incumplimiento o incapacidad, sino de captura del Estado por redes criminales. A diferencia de los otros casos, aquí el narcotráfico no solo se combate desde afuera: se combate desde adentro. El Cártel de los Soles no es un laboratorio de conspiraciones: es la articulación de altos mandos de la dictadura con las peores redes criminales del planeta.
El Cartel de los Soles no es solo un grupo de crimen organizado es también un Estado en sí mismo, que ha convertido a Venezuela en el epicentro mundial del tráfico de drogas. Por eso, la justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de liderar esta red criminal y declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista global. Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, ha dicho lo mismo: que ese cartel es una amenaza concreta para la soberanía regional y la integridad democrática. En las últimas semanas, Paraguay, Argentina, Perú y República Dominicana han adoptado decretos y resoluciones que lo declaran grupo terrorista, criminal transnacional, y han advertido sus efectos desestabilizadores. Cada declaración de este tipo estrecha el cerco diplomático y judicial, confirma lo que muchos sospechaban: Venezuela no tolera el narcotráfico… lo administra desde su centro de poder.
Estas designaciones tienen peso práctico: implican sanciones, congelamientos de activos, limitaciones a transacciones internacionales, y despiertan cooperación judicial y de inteligencia. Pero más allá de sanciones, lo que está en juego es la legitimidad del Estado, la confianza pública, la posibilidad de restablecer la gobernanza. Si un país es visto como actor estatal criminal, no basta con destituir placas policiales ni intercambiar comunicados: hay que desmontar redes, arrestar responsables, expropiar bienes ilícitos, recuperar los poderes públicos invadidos por grupos armados y corruptos.
La descertificación, entonces, no puede leerse en clave puramente técnica. Es un retrato crudo, político de una región que está perdiendo la batalla frente al crimen organizado. Es el diagnóstico de que Venezuela se ha transformado ya no simplemente en punto de paso del narcotráfico, sino en sistema de gobierno basado en la ilegalidad. Mientras Bolivia, Perú, Colombia y Costa Rica enfrentan desafíos serios, Venezuela encarna un riesgo existencial para América Latina: la normalización del narcoestado.
Si América Latina no se levanta con acciones conjuntas —inteligencia compartida, sanciones coordinadas, cooperación militar y judicial— estaremos entregados al poder paralelo que mina la democracia, corroe la institucionalidad y pone en jaque la soberanía misma de los Estados. No podemos permitir que la descertificación quede como un trofeo retórico; debe ser el punto de partida para la ofensiva más amplia contra el crimen organizado estatal. La salida de Maduro es la única forma de abrir un nuevo capítulo de democracia, seguridad y legalidad para el hemisferio.
