La norma, que había sido aprobada con amplio consenso legislativo, busca atender la situación de vulnerabilidad que atraviesan personas con discapacidad y garantizar la continuidad de programas de asistencia, accesibilidad e inclusión social. Sin embargo, la falta de definición presupuestaria frena su entrada en vigor inmediata.
Fuentes oficiales explicaron que la aplicación efectiva de la Emergencia requiere de recursos adicionales, por lo que será el Congreso el encargado de definir los montos y mecanismos de financiamiento. Recién a partir de esa decisión podrán comenzar a instrumentarse las medidas contempladas en la Ley.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad expresaron preocupación ante la postergación, al señalar que el sector necesita respuestas urgentes frente a la falta de cobertura y recursos en áreas críticas como salud, educación e inserción laboral.
Con esta promulgación parcial, el Ejecutivo busca dar una señal política de compromiso, aunque la implementación concreta dependerá de las definiciones parlamentarias y del equilibrio fiscal en un contexto económico complejo.
