Tras el rechazo al veto presidencial en el Congreso, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2026. Sin embargo, la aplicación quedó suspendida hasta que se definan fuentes de financiamiento en el Presupuesto.
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el proyecto original.
La norma, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025.
Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina las partidas presupuestarias y las fuentes de financiamiento. Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el impacto fiscal estimado asciende a más de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI.
El costo proyectado incluye:
$2,16 billones en 2025 para la creación de la nueva pensión (0,26 % del PBI).
$4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI).
Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026.
Compensación de emergencia para prestadores: $278.323 millones (0,03 % del PBI).
En total, la implementación demandaría un crédito presupuestario de $3,01 billones en 2025.
El Ejecutivo sostuvo que el Congreso no indicó de manera fehaciente cómo se financiarían los gastos derivados de la nueva legislación, lo que impide su inmediata puesta en marcha. Desde Casa Rosada argumentaron que la reasignación de partidas por parte del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
La promulgación se da en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional, que obliga al Ejecutivo a poner en vigencia una ley ratificada por ambas cámaras, aun cuando haya sido vetada previamente.
