Diario HOY | Lluvias aplacaron incendio en el Parque Cerro Corá, 45 % del espacio verde fue afectado

Un voraz incendio se registró desde el pasado sábado en zona del Parque Cerro Corá en Amambay.

Según el capitán Marcos Almada, de Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el incendio se originó en un campo ganadero pegado al parque, pero se propagó rápidamente generando otros focos de calor.

“Llegamos a las 2 de la mañana en zona del Parque Cerro Cora, por suerte llegó la lluvia, fue muy fuerte y por suerte extinguió el incendio que lastimosamente agarró un 45% del parque”, expresó a la radio 1080 AM.

Debido a la rápida propagación, solicitaron apoyo de varias compañías de bomberos y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Afortunadamente, las precipitaciones se registraron con intensidad en la zona y persistirá durante la jornada, según los pronósticos.

Según la firma denunciante, la magistrada dictó en cuestión de minutos, una medida cautelar que dejó sin efecto un mandamiento de desalojo previamente ordenado por otro juzgado de Encarnación. Esa decisión impidió que la empresa Avícola Itapúa tomara posesión de una planta industrial arrocera que había adquirido en subasta pública, tras años de litigio contra los antiguos propietarios.

La disputa legal se remonta al año 2019, cuando Banco Regional inició una demanda ejecutiva contra la anterior empresa Planet Rice SA por una deuda hipotecaria y prendaria. Antes de ejecutarse la medida, esta firma vendió los bienes hipotecados a otra identificada como N.A. Food, representada por el empresario brasileño Dhones Marcelo Niero. Si bien estas empresas opusieron excepciones, perdieron en todas las instancias, y los bienes embargados fueron adjudicados en remate judicial a Avícola Itapúa SA en julio de 2022.

Desde entonces, pese a que las resoluciones fueron confirmadas en todas las instancias y pasaron en cosa juzgada, Avícola aún no pudo tomar posesión de la planta arrocera ubicada en Coronel Bogado, debido a una serie de incidentes dilatorios y maniobras judiciales encabezadas por los anteriores dueños.

El 22 de agosto de este año, un juzgado de Encarnación libró finalmente el mandamiento de desalojo. Sin embargo, apenas tres días después, N.A. Foods promovió en Presidente Franco una medida de urgencia de prohibición de innovar. En menos de 30 minutos, la jueza Cynthia Pineda resolvió suspender el desalojo, en abierta contradicción con lo resuelto por su colega de igual jerarquía en Encarnación.

De acuerdo con la denuncia, esta intervención carece de competencia tanto territorial como de grado, pues solo un tribunal superior podría revisar la orden de desalojo. La abogada Ana Peña, representante legal de Avícola Itapúa SA, advirtió en entrevista con el canal GEN que una medida cautelar no puede enervar el cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada, por lo que la decisión de la jueza Pineda constituye una violación grave al orden procesal y genera un precedente peligroso. 

La firma afectada recurrió ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para denunciar a la magistrada Cynthia Pineda, debido a que una jueza de primera instancia no puede dejar sin efecto lo resuelto por otro juez del mismo grado; que la orden de desalojo deriva de una sentencia firme, ya confirmada en varias instancias; que la caución aceptada en la medida de urgencia no guarda proporción con el valor real de la demanda (solo se dispuso USD 150.000 frente a una adjudicación de USD 12 millones), y que la resolución fue dictada con una celeridad inusual.

El Crio. José Velázquez, jefe de Prevención y Seguridad de Asunción, confirmó a GEN que la medida rige desde ayer al mediodía y se extenderá durante toda la semana.

“El personal policial está en alerta de seguridad 100%, porque tenemos varias manifestaciones previstas en Asunción”, explicó el uniformado.

Entre las movilizaciones figuran la de los pueblos originarios, que este lunes se concentran en la Plaza Italia para marchar hacia el Palacio de Justicia, donde se desarrolla el 180° Período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El miércoles se prevé la marcha del grupo denominado extrema pobreza, mientras que para el jueves y viernes se anuncia el paro de choferes. Finalmente, el domingo tendrá lugar la convocatoria de la Generación Z, que sumará a otras organizaciones sociales.

Velázquez aclaró que la alerta máxima es una práctica habitual en escenarios de alta movilización social. “Es normal cuando tenemos varias manifestaciones de esta naturaleza. Todo el personal se encuentra en alerta, además de las tareas cotidianas, para cubrir este tipo de actividades”, detalló.

El operativo busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general.

“Estamos hablando con los transportistas para que sientan que son actores claves de este proceso y que esta reforma es con ellos, los invita y los abraza a trabajar”, dijo la ministra de Obras, Claudia Centurión, durante su visita al Congreso Nacional para exponer al respecto.

Respecto al reclamo de reducir el porcentaje de exigencia de operatividad del 70 % en los días de huelga, como servicio imprescindible, la ministra señaló que el sistema de transporte es imprescindible y que se debe garantizar al ciudadano el servicio.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, asegura que el Código Laboral protege todos los derechos que hoy los choferes están reclamando y que nada de eso se verá afectado.

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“Esperemos que se levante la huelga, esa es la idea de toda conversación, creo que podemos llegar a eso de vuelta. Creo que falta más diálogo”, comentó el viceministro, en un contacto con el canal Gen.

En tanto, Hugo Zayas, de la Federación Unitaria de Trabajadores, señaló que no están de acuerdo con la exigencia del 70 % de operatividad en días de huelga y que lo correcto es apenas del 25 %.

También rechazan la evaluación profesional a los choferes y exigen garantías de continuidad laboral en los casos de fusión de empresas.