El Ejecutivo nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 681/2025, mediante el cual se promulga la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, norma que había sido sancionada por el Congreso luego de que éste rechazara el veto del presidente Javier Milei.
La ley declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más.Sin embargo, su aplicación queda suspendida hasta tanto el Congreso establezca las partidas presupuestarias necesarias y defina las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos que la implementación de la ley exige.
Según estimaciones oficiales, los costos fiscales serán elevados:
- La creación de una nueva pensión por discapacidad implica un gasto estimado en $ 2.166.985.900.000 para 2025, que sería alrededor del 0,26 % del PBI, y de $ 4.706.628.500.000 para 2026, cerca del 0,47 % del PBI.
- A ello se suman los montos adicionales para cobertura médica de titulares de pensiones no contributivas, actualización de aranceles del sistema de prestaciones básicas, compensaciones a prestadores, etc., que elevan el costo total estimado de implementación.
La ley incluye medidas como la regularización de deudas tributarias de los prestadores, actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y programas de inclusión laboral.
El gobierno justificó la postergación de su aplicación en la necesidad de asegurar viabilidad financiera y cumplimiento legal: según norma vigente, toda ley que impone erogaciones adicionales debe indicar fuentes específicas de financiamiento. Esa omisión fue motivo de los reparos del Ejecutivo al promulgar la ley.
