Diario HOY | Taiwán responde a China y ratifica su condición de país libre

El pronunciamiento de la Embajada indica que la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se limitó a resolver la cuestión de la representación de “China” en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese sentido, el texto de dicha resolución no menciona en ningún momento a “Taiwán”, no otorga mandato alguno a la República Popular China (RPC) para representar a Taiwán dentro del sistema de las Naciones Unidas, ni establece que Taiwán forme parte de la RPC.

Sin embargo, Taiwán denuncia que las autoridades de la RPC han promovido una “interpretación política errónea y deliberadamente distorsionada” de la Resolución, buscando vincularla de manera forzada con el llamado “principio de una sola China”, el cual no cuenta con consenso internacional. Cabe mencionar que, a través de una prolongada campaña de presión e influencia, la RPC ha obstaculizado la participación de Taiwán en el sistema de la ONU, privando a sus 23,5 millones de habitantes de la posibilidad de contribuir de manera significativa al bienestar público global.

“En realidad, la República de China (Taiwán) es un país libre, democrático y gobernado por un sistema de elecciones transparentes —un contraste evidente con el sistema autoritario de la RPC. Taiwán democrático es una realidad objetiva y de larga data, que constituye el status quo vigente en el Estrecho de Taiwán. Desde su fundación en 1949, la RPC jamás ha ejercido jurisdicción sobre Taiwán, por lo que carece de todo derecho para reclamar su representación”, señala el comunicado.

Asimismo, ratifica que el gobierno del Partido Comunista Chino, que nunca ha gobernado Taiwán, no tiene legitimidad para interferir en la participación internacional de este. “Las Naciones Unidas deben volver al sentido jurídico original de la Resolución 2758, rechazar su manipulación política y reconocer el papel constructivo y positivo que Taiwán desempeña en los ámbitos de la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”, agrega.

También se denuncia que las continuas operaciones de “zona gris” desplegadas por la RPC contra Taiwán, así como las medidas de coerción económica dirigidas tanto a Taiwán como a otros países, constituyen la verdadera amenaza a la paz y la estabilidad regional, así como al orden internacional basado en normas.

Fuente: AFP

El líder ultraderechista fue condenado este mes a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.

Las amenazas eran “inequívocas y consistentes” y buscaron “someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales”, agregó.

También fue imputado el influenciador Paulo Figueiredo, por los mismos motivos.

En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.

– “Persecusión política” –

La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.

Trump ya impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.

Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio.

Tras la sentencia del supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había amenazado a Brasil con nuevas medidas.

Washington sancionó este lunes a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa propiedad de su familia.

En paralelo, al ser interrogado sobre reportes de prensa de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, dijo “recibir sin recelo la medida dirigida” contra él, sin dar más detalles.

Eduardo Bolsonaro vinculó su inculpación a las nuevas sanciones.

Esto “subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar”, reaccionó en X.

– Castigo financiero –

Además de la esposa del juez Moraes, Viviane Barci, fue penalizada la consultora Lex – Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.

Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.

Ese tipo de restricciones se aplicaban ya a su esposo.

“La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (…) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial”, reaccionó Moraes en una nota.

Fuentes cercanas al gobierno Trump explicaron a la AFP bajo anonimato que estas sanciones no serán las últimas.

“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso” contra Bolsonaro, afirmó el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también lo acusó de “cometer graves abusos contra los derechos humanos”.

El gobierno de Lula recibió “con profunda indignación” la medida y la consideró como un nuevo “intento de injerencia” estadounidense, según un comunicado de la cancillería.

Cientos de manifestantes marcharon el sábado y el domingo hacia las sedes de los poderes públicos bajo un fuerte dispositivo de contención policial.

Grupos de jóvenes lanzaron piedras, palos y bombas incendiarias contra la fuerza pública, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones de goma, observaron periodistas de la AFP.

Organizaciones de prensa y de derechos humanos denunciaron una fuerte represión policial, tras recabar testimonios de personas golpeadas o heridas con ese tipo de proyectiles, entre ellos nueve reporteros y fotógrafos que cubrían la marcha.

Las protestas fueron convocadas por “Generación Z”, un colectivo que reúne a activistas entre 18 y 30 años en promedio, en rechazo al gobierno de Dina Boluarte, el parlamento y una reciente reforma a las pensiones aprobada por la mayoría legislativa afín al ejecutivo.

Según un balance de la policía, 19 uniformados y dos civiles resultaron heridos durante las manifestaciones.

Además, hay seis personas detenidas, tres el sábado y tres el domingo, por disturbios y violencia al personal policial, dijo el general Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, en conferencia de prensa.

De su lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó en un comunicado los ataques con perdigones contra nueve reporteros y fotógrafos.

Las manifestaciones han escalando en los últimos seis meses en Perú, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado y el desprestigio del ejecutivo y el congreso.

El malestar social aumentó después de que el legislativo aprobara la semana pasada una ley que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados de pensiones, pese a la precariedad laboral y una informalidad que supera el 70%.

En la recta final de su mandato que concluirá en julio de 2026, Boluarte enfrenta una impopularidad récord.

Un 79% de los peruanos afirma sentir vergüenza del gobierno y un 85% del Congreso, conforme una encuesta de la firma Datum realizada entre 1.200 personas y publicada el domingo por el diario El Comercio.

Fuente: AFP

“Toda la Iglesia expresa su solidaridad con los hermanos y hermanas que sufren en esta tierra martirizada”, declaró el papa, mientras Israel intensifica sus operaciones militares en el territorio palestino, devastado por casi dos años de guerra.

“Los pueblos necesitan paz”, agregó León XIV, dirigiéndose a los representantes de asociaciones católicas reunidos en la Plaza de San Pedro tras una pancarta que decía “Paz para Gaza”.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva en Ciudad de Gaza con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento islamista palestino Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Esta ofensiva, criticada por la comunidad internacional, provocó la huida de cientos de miles de habitantes hacia el sur del territorio.

Fuente: AFP