«Basada en hecho reales», advierte «Belén» al comenzar. La película, dirigida por Dolores Fonzi y estrenada la semana pasada, cuenta la historia de una joven tucumana que llegó al hospital con un fuerte dolor de panza, que enseguida se volvió hemorragia. La acusaron de haber tirado un feto -«su hijo»- al inodoro. La detuvieron. La condenaron a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Cuando llevaba casi tres años presa, una abogada feminista conoció su historia y en tres meses logró la absolución. Belén ni siquiera sabía que estaba embarazada.
Belén no es el nombre real de esta joven que decidió seguir su vida en el anonimato lejos de Tucumán. Hay muchas Belén en Argentina: mujeres criminalizadas tras eventos obstétricos o abortos espontáneos a las que detienen, acusan, abren causas, procesan y encarcelan.
Ya en 1921 el Código Penal, en su artículo 86, despenalizaba el aborto si la salud o la vida de la mujer corría peligro, o si el embarazo era fruto de una violación. En 2012, la Corte Suprema no sólo reafirmó este derecho sino que dictaminó que la práctica de abortos no punibles no debía ser judicializada, y que las demoras o trabas en los procedimientos debían ser consideradas violencia institucional.
Emergencia obstétrica: en Argentina hay mujeres presas por abortos espontáneos. Sin embargo, en 2020 se publicó «La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina», un estudio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui que contó con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El informe arrojó que entre 2012 y 2020 se habían iniciado al menos 1.532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos bajo la figuras de «homicidio» o «abandono de persona».
A fines de aquel año, 2020, el aborto se convirtió en ley. Desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud o su vida corren peligro o el embarazo es producto de una violación.
Pero la criminalización siguió. «Desde 2020 hasta hoy detectamos, al menos, 22 mujeres denunciadas: 7 están a la espera de juicio, 8 fueron condenadas y el resto ya logramos su libertad. Estos datos son sin contar la provincia de Tucumán», explica a Clarín Rosana Fanjul, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mujeres de la Campaña Nacional por el Aborto Legal en el estreno de la película «Belén». Foto Santiago Garcia Díaz.«En la Ciudad de Buenos Aires tuvimos en 2021 el caso de la China, que estuvo presa en Ezeiza, y salió inocente en pleno mundial de Qatar. La fiscal le pidió disculpas porque no sabía que estaba transitando una emergencia obstétrica. Ana en Corrientes estuvo presa y logramos su libertad en 2022. Mimi, de Moreno, estuvo presa seis años y nueve meses, logramos su libertad en 2023 después de apelar. Hay otra mujer presa en Corrientes, pero su religión impidió que se defienda», detalla Fanjul.
Y sigue: «En La Pampa, por intermedio del Foro Pampeano, se logró la libertad de otra mujer en 2024. En Misiones, Rosa estuvo presa cuatro años, y pudimos liberarla en 2024. A Flor logramos liberarla en agosto de 2020. En Misiones, también liberamos a dos chicas más en 2020 y aún hay una presa a la espera de fecha de juicio desde junio 2021″.
«Hay otra chica presa hace años en La Rioja. En Salta hubo una chica que estuvo ocho años presa y salió en 2024, otra criminalizada en 2024 que logramos frenar su procesamiento. En Santa Fe hubo varias mujeres procesadas, pero ya las declararon inocentes. En Santiago del Estero hay cuatro mujeres procesadas«, asegura.
«A partir de la ley salimos a buscar mujeres que estuvieran criminalizadas para representarlas y logramos 19 liberaciones, otras no aceptaron y otras ya cumplieron la condena», explica Fanjul.
«La mayoría son por eventos obstétricos, no por abortos. Son todos embarazos que han tenido una interrupción involuntaria, pero igual terminaron en criminalización. Ponen homicidio por un tema de creencias religiosas y para que las condenen, tienen que ver con el prejuicio», asegura.
«Son claramente emergencias obstétricas, pero para el sistema judicial y su creencia del niño por nacer, todo es homicidio. Y falsean la cantidad de semanas y tiran los fetos para que no haya autopsias y no se pueda saber la cantidad de semanas. Son todas situaciones irregulares que tienen que ver con el ensañamiento contra las mujeres. Sigue habiendo personas prejuiciosas que buscan disciplinarnos. El gobierno nacional da discursos que generan confusión y legitima aquellos que están en contra de este derecho», agrega.
«Libertad para Belén». Movimientos feministas presionaron para que Belén fuera absuelta.
Juana
Como Belén, Juana no es su verdadero nombre. Sus historias son casi calcadas, salvo que Juana vive en Moreno, conurbano bonaerense, y estudiaba psicología cuando en agosto de 2020 se desmayó en su casa. La encontró tirada en el piso, inconsciente, su mamá, que llamó a la ambulancia. La médica que la atendió vio un feto junto a su cuerpo y se lo llevó junto a Juana al hospital.
Juana estuvo presa por una emergencia obstétrica. Le hicieron un legrado sin anestesia, y Juana, entonces de 25 años, se despertó por el dolor en medio de la práctica. La esposaron a la camilla y llamaron a la policía. Juana llamaba a los gritos a su mamá y los médicos le decían que había perdido a su bebé. Juana negaba con la cabeza y les decía que no estaba embarazada. No lo sabía.
A los tres meses fueron a buscarla a su casa. Médicos del hospital la habían denunciado. Quedó detenida por meses en una comisaría, hasta que logró el arresto domiciliario que aún sigue, con tobillera electrónica, a la espera del juicio que será en mayo de 2026.
El reclamo por Juana, que espera un juicio en mayo de 2026.
Cadena perpetua
Paola Ortiz, una mujer pobre de Villa Nueva, Córdoba, fue criminalizada tras un parto en avalancha (ocurre muy rápido) de un bebé que nació muerto. Estaba en su casa, sin asistencia médica. Durante el proceso judicial fue descreída y condenada a cadena perpetua en 2015. Hace 13 años que está presa.
Sucedió en el 2012. Paola tenía tres hijos, no había terminado la escuela secundaria, vivía en una casa ajena y no tenía trabajo formal. «El embarazo y el parto se desarrollaron en condiciones de extrema vulnerabilidad: en soledad, sin redes de contención, sin recursos materiales ni apoyo emocional, y atravesada por años de violencia física, psicológica, sexual y económica ejercida por el padre de sus hijos y por su ex suegro, con quien vivía», explican desde La Guardia de Abogadas Feministas, un espacio federal de litigio impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina.
Fue acusada de ocultar su embarazo, de no realizar controles médicos, de no acudir al hospital, “omitiendo sus deberes de garante”. «Lejos de recibir asistencia y comprensión, el trato con los operadores de justicia fue discriminatorio durante todo el proceso judicial. La carátula de la causa cambió de abandono de persona calificado por el vínculo a homicidio calificado por el vínculo. Se la encontró culpable de ‘omitir’ o ‘dejar morir’ a su hijo, por la omisión de cortar el cordón umbilical al momento del parto, exigiendo conocimientos médicos a una mujer que no terminó la escuela», explican las abogadas.
«La autopsia forense estableció expresamente la duda sobre el nacimiento con vida. Aún sin la certeza sobre el nacimiento con vida del bebé, fue condenada por homicidio por los incumplimientos de los deberes que una buena madre debe realizar. La fiscalía descartó otras líneas de investigación para descubrir la realidad de los hechos, como por ejemplo el parto en avalancha, que debido a la inminencia e inmediatez impide acudir al hospital«, aseguran.
«Desde el principio su historia fue sesgada por estereotipos y prejuicios de género, desconociendo por completo el contexto de violencia estructural, la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba y las condiciones biológicas en las que se desarrolló el parto -continúan las defensoras-. La defensa oficial planteó el homicidio culposo descreyendo de su relato de inocencia y de la prueba incorporada en el expediente, además omitió la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia incumpliendo a la debida defensa».
Y concluyen: «Este caso pone en evidencia cómo el sistema judicial puede actuar con sesgos de género y violencia institucional, negando a las mujeres el derecho a un juicio justo cuando se las coloca en el lugar de ‘mala madre’ o ‘mujer monstruosa’ sin atender sus historias de vida atravesadas por desigualdades«.
