El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, avanza con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados en la causa Vialidad. Sin embargo, contrario a lo planteado por la fiscalía, el TOF 2 resolvió pedir la opinión de las partes involucradas previo a proceder a la ejecución patrimonial. En esa medida se incluye a Máximo y a Florencia Kirchner, que no son parte de este expediente pero el fiscal Diego Luciani incluyó bienes que están bajo la titularidad de los hijos de la ex presidenta en el pedido de decomiso.
El 15 de julio, el TOF 2 intimó a Cristina, Báez, José López, Nelson Periotti y los demás acusados a pagar 684.990.350.137,86 pesos. Esa cifra debía ser depositada a cuenta y orden del tribunal, en el plazo de diez días hábiles.
El dinero exigido es resultado directo del delito cometido. Los condenados deben responder con sus respectivos patrimonios al decomiso por haber sido encontrados responsables, en este caso, del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Pese a la intimación del TOF 2 responsable de ejecutar la pena tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, nadie pagó.
Una decisión importante que tomó el Tribunal es consolidar la ventana temporal para analizar qué bienes puede ser alcanzados por el decomiso, es decir aquellos incorporados al patrimonio durante el tiempo que duró la maniobra delictiva, entre 2003 y 2015, cuando tuvo desarrollo la administración fraudulenta.
Hace dos semanas, el Ministerio Público Fiscal exigió que veinte propiedades inmuebles de la familia Kirchner sean ejecutadas: hay hoteles, terrenos, casas, complejos de departamentos.
El dictamen solicitaba la inmediata ejecución sin una previa vista, es decir, sin la opinión a todos los involucrados en la maniobra de corrupción. Junto con ello, hubo otra aclaración: «los inmuebles identificados no agotan la totalidad de los bienes decomisables; por el contrario, constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme», es decir: es solo la primera parte de la ejecución patrimonial.
Frente a ese criterio se pronunció el Tribunal 2. En la resolución a la que accedió Clarín, los magistrados plantearon que seguirán con el trámite en todo lo relativo a la ejecución del decomiso, “conforme las pautas enunciadas en la resolución del 1 de septiembre de 2025, procediendo bajo la absoluta convicción de que apartarse del debido proceso podría generar la invalidez de lo actuado, afectar garantías constitucionales, y poner en riesgo la realización del derecho sustantivo que emerge de la sentencia hoy sometida a ejecución”.
Por ello, para los jueces Gorini y Giménez Uriburu, corresponde “correr traslado a las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, a efectos de que se expidan respecto de los bienes identificados por la acusación”.
Asimismo, los jueces decidieron pedir la opinión de Máximo y Florencia Kirchner, ya que la fiscalía incluyó veinte inmuebles que en marzo de 2016 la ex mandataria cedió a título gratuito y en partes iguales a sus hijos.
La resolución también indica que ya ingresaron al Tribunal las respuestas del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz sobre las 20 propiedades de Cristina y las 89 inscriptas a nombre de Lázaro Báez.
Sin embargo, en el texto firmado por el TOF 2 se realizó un llamado de atención a la fiscalía: “Desde el dictado de la sentencia en esta causa, el Ministerio Público Fiscal ha adoptado invariablemente la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal”.
Esa posición -continuó diciendo el Tribunal-, “en oportunidades ha sido debidamente encarrilada en los remedios procesales previstos para impugnar -en general, con suerte adversa en la etapa de revisión-, pero con mayor asiduidad, como ahora, se ha traducido en diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.
Los jueces le reprocharon a los fiscales Luciani y Sergio Mola que “no se alcanza a comprender cómo podría conciliarse su misión institucional con la pretensión de que se avance sobre un derecho tan fundamental, como lo es el de la propiedad, sin siquiera oír a las defensas (y a los eventuales terceros que pudieran resultar interesados); máxime cuando es en el contradictorio”.
Los bienes que exige el fiscal
En este primer listado, se detalló el hotel Los Sauces Casa Patagónica, lindante a la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate, y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez para la inmobiliaria de la familia Kirchner.
También, la fiscalía pidió el decomiso de terrenos y otras propiedades en El Calafate que fueron cedidas en partes iguales a Máximo y a Florencia Kirchner.
En lo que respecta a Lázaro Báez, en esta primera etapa del decomiso los fiscales incluyeron un listado de 89 inmuebles. La mayoría de ellos en Santa Cruz, pero también sumaron departamentos y cocheras en Capital Federal.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner perderá departamentos, terrenos, casas y la propiedad donde cumplía arresto domiciliario en El Calafate que se emplaza sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner. También se requirió el decomiso de un grupo de estancias.
