El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a tensionar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso al confirmar que el Gobierno nacional no pondrá en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida, aprobada y ratificada por ambas cámaras legislativas tras el veto presidencial, queda nuevamente bloqueada bajo el argumento de que no se definieron fuentes de financiamiento específicas.
“Están en su derecho”, sostuvo Francos en referencia a los bloques opositores que impulsan su interpelación y promueven una moción de censura en su contra, una herramienta parlamentaria que podría dejarlo sin cargo. Lejos de retroceder, el funcionario reafirmó que la aplicación de la norma está supeditada a que el Congreso determine de dónde saldrán los recursos para financiarla.
En ese sentido, el jefe de ministros citó la Ley de Administración Financiera (24.156), que en su artículo 38 establece que toda ley con gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las partidas correspondientes. Según su interpretación, la legislación sancionada no lo hace y por eso se encuentra “suspendida”.
Sin embargo, el propio texto de la Emergencia en Discapacidad, en su artículo 19, autoriza al jefe de Gabinete a reasignar fondos estatales para ejecutar las medidas. A pesar de esta previsión, Francos insistió en que la normativa carece de respaldo financiero expreso.
El funcionario reconoció que el Poder Ejecutivo no tuvo más remedio que promulgar la ley luego del rechazo parlamentario al veto presidencial, pero aclaró que su aplicación efectiva queda supeditada a las reglas presupuestarias. Frente a la presión política, Francos volvió a relativizar la posibilidad de que prospere la moción de censura: “Me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, pero la Ley 24.156 establece que, sin partidas, la norma queda suspendida”.
El doble veto —primero con el rechazo presidencial y luego con la negativa del jefe de Gabinete a ejecutarla— mantiene en vilo a miles de familias y organizaciones de la sociedad civil que esperaban medidas concretas de apoyo. Mientras tanto, el Congreso se prepara para un nuevo capítulo de confrontación institucional.
