Redacción El País
El proyecto denominado «Muerte Digna»se estudia en la Comisión de Salud del Senado, donde por estos días se reciben delegaciones vinculadas al área médica y social. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo y pretende hacerlo en la segunda quincena de octubre, antes que el proyecto de ley del Presupuesto pase a la Cámara de Senadores y ocupe la totalidad del tiempo en su discusión hasta el cierre del año.
Según supo El País, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, solicitó ser recibido en la Comisión de Salud para a dar a conocer su punto de vista, algo que podría suceder la semana próxima. Es para «gastar los últimos cartuchos» en esta última instancia, dijeron desde el entorno de Sturla.
Sturla, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la capital, se mostró muy crítico con la iniciativa parlamentaria al momento de votarse en la Cámara de Representantes. «Que estén los votos no significa que esté bien», había manifestado en su momento a los medios de comunicación. «Creo que es un paso atrás en el derecho fundamental de las personas a vivir», dijo a Telemundo 12.
Además defendió los llamados cuidados paliativos y pidió que nadie quede sin ellos para «terminar la vida dignamente, sin dolor, pero de modo natural».
E incluso fue un paso más. En su audición radial, el cardenal manifestó que “un cristiano tiene que estar preguntándose quiénes votaron a favor de esta ley y quiénes votaron en contra, porque allí también hay un discernimiento a realizar después a la hora de votar”. Esta afirmación generó controversias y un áspero debate político. Por ejemplo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, sostuvo que Sturla «se está metiendo en la vida política de un país y esa no es su actividad».
El pasado 13 de agosto, los diputados aprobaron el proyecto de ley que habilita la eutanasia. Obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra. Votaron todos los representantes del Frente Amplio menos uno, 13 diputados del Partido Colorado, cuatro del Partido Nacional y uno del Partido Independiente. Se opusieron los diputados de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
Ahora, los senadores del Partido Nacional se oponen al proyecto y señalan que, más allá de posiciones filosóficas, «tiene muchas carencias». Así lo expresó el legislador Javier García. «Tiene huecos, está mal redactado y contiene contradicciones», dijo a El País.
En la misma línea se expresó Martín Lema, quien afirmó que el proyecto «es muy malo y no presenta garantías jurídicas ni médicas». «No podemos garantizar la muerte digna si no garantizamos la vida digna», afirmó el senador blanco, que al igual que García forma parte de la Comisión de Salud.
En el Partido Colorado hay diferentes posiciones. Pedro Bordaberry ya se pronunció en contra y Robert Silva a favor, por poner dos ejemplos de senadores que están también en la comisión que estudia el tema.
De aprobarse, algo que todo apunta a que ocurrirá sin mayor dificultad, el proyecto consagra a la eutanasia como un derecho de la persona. La podrán solicitar pacientes mayores de edad con sus facultades mentales plenas y que estén atravesando una enfermedad incurable en su etapa terminal y con un sufrimiento insoportable.
La solicitud se realizará por escrito, según prevé el proyecto y deberá ser aprobada por dos opiniones médicas independientes. Si existe discrepancias entre los profesionales, se realizaría una junta médica con un especialista en el área de la enfermedad que padece la persona y un psiquiatra.
En cualquier momento del proceso, el paciente puede dar marcha atrás en su decisión. La norma prevé también la objeción de conciencia para el médico que no quiera practicarla.
Desde el Frente Amplio se defendió la ley como una expansión de derechos y de libertades individuales. “Para Uruguay es un paso muy importante porque ubicará nuevamente al país en un lugar de avanzada, dentro de la región y el mundo», había argumentado en su momento el diputado oficialista Federico Preve.
