El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, presentó este martes el Programa de Acción Anual ante la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, volvió a reclamar la designación de los representantes del Congreso al tiempo que cargó contra el Banco Central por negarse a facilitar información sobre el destino de las reservas en oro y los bonos Bopreal.
Durante la reunión de la bicameral presidida por el diputado Miguel Angel Pichetto, Olmos volvió a advertir sobre las consecuencias del estado de acefalía del organismo de control ante la falta designación de los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Es que sin los auditores generales, el organismo no sólo no puede aprobar los informes sino que, además, impide ampliar los objetos de las auditorías con temas de actualidad como la controversia por los presuntos pagos de sobornos en la agencia de discapacidad (ANDIS) y el escándalo por el fentanilo contaminado que causó como un centenar de muertos.
Durante 2023, la AGN publicó 200 informes mientras que en 2024 se elevó a 220. Sin embargo durante este año sólo fueron aprobados 51 informes, ya que a partir de abril el organismo quedó sin auditores, por lo que hay 61 estudios terminados que están a disposición del próximo colegio para ser aprobados.
La situación de acefalía es consecuencia de la falta de acuerdo político entre oficialismo y la oposición para designar los 3 representantes por el Senado y los 3 por Diputados. Pero eso no es todo porque hace 31 años que el Congreso adeuda una ley reglamentaria de la AGN, que justamente hubiera evitado la situación de falta de control que existe en este momento.
«Estamos ante una encrucijada y este Congreso tiene que designar en el corto plazo a los auditores de una o de ambas cámaras de lo contrario tendremos que buscar un mecanismo de excepción para una situación excepcional», alertó Olmos.
En ese contexto, Olmos denunció que hay dos auditorías que están paralizadas por la negativa del Banco Central a colaborar con información. Una está vinculada con los bonos Bopreal emitidos por la autoridad monetaria para dar respuesta a las deudas comerciales que se acumularon con el exterior como consecuencia de la escasez de divisas.
La otra auditoría tiene que ver con la distribución de las reservas en lingotes de oro. «En los dos casos estamos en un intercambio de notas que se ha agotado debido a la negativa del Banco Central a entregar la información necesaria para realizar las auditorías», transmitió el jefe de la AGN.
En este sentido, Olmos reveló que no puede determinar dónde está el oro que intereses están rindiendo. «Es fundamental saber las tasas que se está pagando por el oro que ha salido de la Argentina, si se pagaron los seguros de traslado y si se pagaron comisiones», puntualizó el funcionario.
En el caso del Bopreal, Olmos indicó que al momento de la auditoría se había destinado a la emisión de deuda US$ 5.000 millones de dólares que han sido entregados como garantías.
Sobre esta situación, el funcionario explicó que el Banco Central respondió ante las requisitorias que se trata de actas secretas del directorio. «Entendemos que son importantes para el desarrollo funcional del banco pero no para el organismo auditor», explicó.
En este contexto, Olmos remarcó que si estuviera conformado el colegio de auditores podría judicializar el tema para que el Banco Central facilite la información.
En otro orden, anunció que las auditorías encargadas por la bicameral a cuatro facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) están concluidas y serán presentadas en los plazos previstos en la primera quincena de noviembre.
El relevamiento incluyó a las facultades de Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología. «El resto de las auditorías de este año incluyen a las universidades del Nordeste. Córdoba, Salta y Catamarca.
Además, la AGN pidió una ampliación del plazo y del objeto de la auditoría 2025 de la agencia de discapacidad para avanzar sobre las compras de medicamentos. Esto sería fundamental para aportar información sobre los audios del ex director del organismo Diego Spagnuolo en los que pone al descubierto un presunto pago de sobornos que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Lo mismo planteó el organismo sobre el informe de la ANMAT en lo que hace al control de los laboratorios, ya que el informe de este año está centralizado sobre el control de alimentos y, por eso, se pidió auditar lo referente a medicamentos para ver la ruta del fentanilo contaminado que dejó un centenar de muertos.
