La Provincia de Río Negro promulgó la Ley N° 5820, que establece el cobro de aranceles a extranjeros residentes transitorios o con autorización precaria en los servicios públicos de salud y educación superior.
La norma, votada con mayoría en la Legislatura provincial, regula el acceso de extranjeros a los servicios públicos de salud y educación superior en Río Negro.
Establece que los extranjeros categorizados como residentes transitorios o con autorización de residencia precaria deberán abonar aranceles por la prestación de servicios sanitarios.
El artículo 3º crea el Fondo Especial para la Salud Pública, compuesto por los ingresos recaudados, destinados a:
Financiar la atención y servicios en hospitales y centros de salud provinciales.
Adquirir, renovar y mantener equipamiento médico y mobiliario.
Capacitar al personal del sistema público de salud.
Financiar programas y proyectos para mejorar la calidad de atención sanitaria.
La ley aclara que la atención de urgencias o emergencias será gratuita, aunque los gastos podrán cobrarse posteriormente. Además, faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de reciprocidad con otros países, eximiendo del arancel a quienes califiquen.
Arancelamiento en educación superior
La ley también se aplica a los servicios de educación superior en la provincia, incluyendo institutos terciarios, técnicos superiores y de formación. Se establece un fondo especial educativo con los recursos recaudados, destinado exclusivamente a:
Gastos de funcionamiento de los establecimientos.
Mejoras edilicias y adquisición de equipamiento y mobiliario.
Queda expresamente prohibido destinar estos fondos al pago de salarios.
Autoridades de aplicación y reglamentación
Los Ministerios de Salud y Educación y Derechos Humanos son las autoridades de aplicación de la ley, facultados para dictar normas reglamentarias necesarias para su implementación y para fijar los montos de arancel correspondientes.
Contexto legal y regulatorio
La ley se enmarca en la normativa nacional que regula el ingreso y residencia de extranjeros, promoviendo la migración como derecho humano y garantizando igualdad de trato, aunque los decretos recientes endurecieron ciertos puntos, incluyendo plazos para la pérdida de residencia, requisitos para la ciudadanía y la posibilidad de arancelar servicios públicos a extranjeros.
