Diario HOY | Cientos de panaderos buscan proveer productos a Hambre Cero

La demanda estimada a nivel nacional, según el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), para el año 2026 (con 9 meses de provisión continua) es de 796.240.000 kg. de Chipitas, 796.280.000 kg. de palitos/rosquitas y 450.000 kg. de galletitas de avena/arroz.

Al respecto, el presidente de la Asociación, Pedro Solano Franco, manifestó el gran interés que despierta en sus más de 200 asociados a nivel nacional, la oportunidad de participar de la cadena de valor de Hambre Cero y la predisposición de trabajar de manera conjunta para satisfacer los requerimientos de registros fitosanitarios, tributarios y las especificaciones técnicas para proveer sus productos en la política emblema del Gobierno.

En ese sentido, el Viceministerio de Mipymes se encuentra realizando una asistencia técnica personalizada al mencionado gremio, para preparar la oferta, conexión con ofertas de financiamiento como la plataforma Adelanta y seguimiento de las futuras negociaciones con las 25 empresas adjudicadas para proveer alimentación escolar a nivel nacional.

SEDECO dio a conocer las resoluciones N° 1382/2025 y N° 1383/2025, que pretenden garantizar una mayor seguridad jurídica y transparencia en la aplicación de multas.

La primera resolución establece una escala de multas y aprueba lineamientos para su aplicación en sumarios administrativos. Con esta medida, se busca reducir la discrecionalidad en la imposición de sanciones y aplicar criterios objetivos para graduar las mismas.

Por otra parte, la segunda resolución aprueba el procedimiento administrativo para el cobro de multas, introduciendo un incentivo clave para los proveedores.

Con esta nueva medida, si un proveedor sancionado cumple rápidamente con una medida correctiva (como la reparación o cambio de productos defectuosos, o la devolución de dinero cobrado indebidamente), podrá solicitar una reducción de hasta el 40% de la multa impuesta.

Esta disposición beneficia a ambas partes: los consumidores obtienen una solución rápida a sus problemas sin necesidad de ir a juicios largos y costosos, y los proveedores que corrigen sus prácticas evitan litigios y pueden acceder a importantes descuentos en sus sanciones.

Dese SEDECO afirman que el objetivo es fortalecer la protección de los consumidores y brindar mayor transparencia y predictibilidad a los proveedores, además de optimizar el proceso de aplicación y cobro de multas.

En la jornada de ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Forestal Nacional (Infona), el Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y otros entes.

Dicho encuentro tuvo como finalidad coordinar las futuras acciones a ser impulsadas de manera conjunta para hacer frente a la época de sequías, la cual, se estima, vendría acompañada de incendios forestales.

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Las autoridades anticipan que este año podría tenerse otra temporada de grandes siniestros en el país, tal y como en periodos anteriores, sumado a la falta de precipitaciones y la recurrente quema de pastizales.

El punto de acción principal será el Chaco paraguayo, donde podría resentirse en mayor medida la afectación provocada por el fuego, así como también de la sequía.

Entre los puntos debatidos en la reunión se encuentran las tareas de distribución de agua potable a comunidades, la rápida detección y erradicación de focos de incendio, la asignación de equipos de trabajo para combatir el fuego, entre otros.

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Asimismo, se prevé el uso de herramientas tecnológicas para identificar los lugares donde inician estos incendios, de manera a individualizar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

Existe un 60% de probabilidad de que se registre una sequía prolongada en nuestro territorio, con impactos que podrían mantenerse hasta marzo de 2026, conforme a las estimaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

El documento apunta a regular una práctica común durante los periodos electorales: la realización de actividades médicas en espacios públicos, con fines proselitistas, según refiere la exposición de motivos.

El proyectista, diputado Guillermo Rodríguez, sostiene que se busca “enaltecer el interés legítimo de la salud pública y proteger el ejercicio profesional de la medicina en momentos clave de la vida nacional, evitando la instrumentalización de las necesidades sanitarias de la población con fines políticos”.

En la carta de presentación denuncia que durante las campañas electorales es frecuente que candidatos o agrupaciones políticas organicen “jornadas de atención médica”, ofreciendo consultas y medicamentos gratuitos; particularmente, en comunidades vulnerables.

Refiere que aunque estas actividades puedan parecer actos de solidaridad, esconden riesgos importantes y un trasfondo político que merece ser regulado.

Para el legislador, uno de los principales problemas detectados es la participación de estudiantes de medicina en estas jornadas, “muchas veces, sin autorización legal ni supervisión adecuada”.

Esta práctica, dice el documento, representa un peligro para la salud de los pacientes.

Se advierte la distribución de medicamentos que, en varios casos, son muestras médicas cercanas a su fecha de vencimiento, o sin condiciones óptimas de conservación, lo que podría contravenir normas sanitarias y éticas, de acuerdo a la normativa.

El proyecto busca prohibir el uso político de estas jornadas comunitarias improvisadas, reafirmando que la atención médica debe ser prestada por profesionales debidamente habilitados y en instalaciones de salud reconocidas.