Diario HOY | Oficializan suspensión de la huelga de choferes

“Se ha oficializado la no realización de la huelga prevista para mañana y pasado tras la reunión con la ministra, la Mesa directiva, etc, respecto a algunos articulados de la ley”, informó el viceministro de Trabajo, César Segovia, en conferencia de prensa.

Juan Godoy en representación de los trabajadores explicó que, considerando el compromiso asumido por el presidente de la Cámara de Diputados y la Comisión Directiva de permitir que el sector trabajador y los otros actores participen en el proceso de la reforma del transporte y en consideración especial a las modificaciones de los artículos 20, 39 y 45 del proyecto de reforma del transporte, resolvieron no realizar la huelga prevista para el jueves y el viernes.

“Nos encontramos confiados a la promesa hecha por este cuadro legislativo con la cual no realizaremos la medida de fuerza comunicada en su oportunidad”, expresó Godoy.

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LOS ARTÍCULOS EN DISCUSIÓN

Art. 20.- Servicio público imprescindible. El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros es un servicio público imprescindible y, como tal, se garantiza su prestación continua y regular.

Las interrupciones totales o parciales del servicio serán sancionadas como infracciones graves, de conformidad con lo previsto en el Capítulo XI del presente título.

En situaciones de huelga o paro, deberá garantizarse el funcionamiento regular de los servicios.

El Viceministerio de Transporte indicará al sindicato, si se trata de una huelga, o al concesionario del servicio, en caso de paro, la cantidad de buses y frecuencias de servicios indispensables para asegurar la continuidad operativa.

Art.39.- Coordinación. El Viceministerio de Transporte, en coordinación con las instituciones competentes, velará por el estricto cumplimiento de las normas laborales que afectan al personal de los prestadores.

Art. 45.- Componentes de prestación de servicios. El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros estará integrado por los siguientes componentes, que permitirán, si así se decidiese, su prestación separada:

1) Provisión de flota;

2) Provisión de infraestructura;

3) Operación en unidades funcionales; y,

4) Servicios complementarios necesarios para la operación.

En tanto, Juan Godoy, titular de la CUT, explicó que la postergación de la medida de fuerza será hasta que culmine el tratamiento del proyecto.

SEDECO dio a conocer las resoluciones N° 1382/2025 y N° 1383/2025, que pretenden garantizar una mayor seguridad jurídica y transparencia en la aplicación de multas.

La primera resolución establece una escala de multas y aprueba lineamientos para su aplicación en sumarios administrativos. Con esta medida, se busca reducir la discrecionalidad en la imposición de sanciones y aplicar criterios objetivos para graduar las mismas.

Por otra parte, la segunda resolución aprueba el procedimiento administrativo para el cobro de multas, introduciendo un incentivo clave para los proveedores.

Con esta nueva medida, si un proveedor sancionado cumple rápidamente con una medida correctiva (como la reparación o cambio de productos defectuosos, o la devolución de dinero cobrado indebidamente), podrá solicitar una reducción de hasta el 40% de la multa impuesta.

Esta disposición beneficia a ambas partes: los consumidores obtienen una solución rápida a sus problemas sin necesidad de ir a juicios largos y costosos, y los proveedores que corrigen sus prácticas evitan litigios y pueden acceder a importantes descuentos en sus sanciones.

Dese SEDECO afirman que el objetivo es fortalecer la protección de los consumidores y brindar mayor transparencia y predictibilidad a los proveedores, además de optimizar el proceso de aplicación y cobro de multas.

En la jornada de ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Forestal Nacional (Infona), el Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y otros entes.

Dicho encuentro tuvo como finalidad coordinar las futuras acciones a ser impulsadas de manera conjunta para hacer frente a la época de sequías, la cual, se estima, vendría acompañada de incendios forestales.

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Las autoridades anticipan que este año podría tenerse otra temporada de grandes siniestros en el país, tal y como en periodos anteriores, sumado a la falta de precipitaciones y la recurrente quema de pastizales.

El punto de acción principal será el Chaco paraguayo, donde podría resentirse en mayor medida la afectación provocada por el fuego, así como también de la sequía.

Entre los puntos debatidos en la reunión se encuentran las tareas de distribución de agua potable a comunidades, la rápida detección y erradicación de focos de incendio, la asignación de equipos de trabajo para combatir el fuego, entre otros.

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Asimismo, se prevé el uso de herramientas tecnológicas para identificar los lugares donde inician estos incendios, de manera a individualizar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

Existe un 60% de probabilidad de que se registre una sequía prolongada en nuestro territorio, con impactos que podrían mantenerse hasta marzo de 2026, conforme a las estimaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

El documento apunta a regular una práctica común durante los periodos electorales: la realización de actividades médicas en espacios públicos, con fines proselitistas, según refiere la exposición de motivos.

El proyectista, diputado Guillermo Rodríguez, sostiene que se busca “enaltecer el interés legítimo de la salud pública y proteger el ejercicio profesional de la medicina en momentos clave de la vida nacional, evitando la instrumentalización de las necesidades sanitarias de la población con fines políticos”.

En la carta de presentación denuncia que durante las campañas electorales es frecuente que candidatos o agrupaciones políticas organicen “jornadas de atención médica”, ofreciendo consultas y medicamentos gratuitos; particularmente, en comunidades vulnerables.

Refiere que aunque estas actividades puedan parecer actos de solidaridad, esconden riesgos importantes y un trasfondo político que merece ser regulado.

Para el legislador, uno de los principales problemas detectados es la participación de estudiantes de medicina en estas jornadas, “muchas veces, sin autorización legal ni supervisión adecuada”.

Esta práctica, dice el documento, representa un peligro para la salud de los pacientes.

Se advierte la distribución de medicamentos que, en varios casos, son muestras médicas cercanas a su fecha de vencimiento, o sin condiciones óptimas de conservación, lo que podría contravenir normas sanitarias y éticas, de acuerdo a la normativa.

El proyecto busca prohibir el uso político de estas jornadas comunitarias improvisadas, reafirmando que la atención médica debe ser prestada por profesionales debidamente habilitados y en instalaciones de salud reconocidas.