Invertir 6% del PBI en educación: las razones de un estándar global

En el año 2005 se sancionó en nuestro país la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Esta norma obligó a incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de los Gobiernos nacionales, provinciales y de CABA hasta alcanzar el 6% del PBI.

Es importante entender sus razones. El artículo 1 de esta ley establece que el aumento se ordena para “garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científica-tecnológica reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país”.

El objetivo general fue claro. Pero los legisladores fueron más allá. Es decir, hubo una razón poderosa que los llevó a dar un paso más y obligar al Estado a alcanzar una cifra determinable: los legisladores no quisieron darle discrecionalidad a los gobiernos y fue por eso que se detuvieron a ponerles un límite a su arbitrio.

Ese fue el objetivo específico del 6%. Esa meta estuvo cerca de lograrse en el año 2010, pero hubo que esperar hasta el año 2015 para que se alcance. Posteriormente, a partir de 2016, el financiamiento decayó y no se llegó a cumplir más ese porcentaje exigido ya no solo por la Ley original de Financiamiento, sino por el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (entró en vigencia posteriormente) y que estableció la obligación hoy vigente: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional…y “el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y CABA destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del PIB”.

Estos antecedentes históricos son importantes de repasar. El 6% surge de un estándar internacional de la UNESCO –Declaración de Dakar año 2000- y del hecho de que distintos países latinoamericanos fueron adoptándolo, salvo el caso de Brasil que, hace once años atrás, aprueba por ley 13.005 un Plan Nacional de Educación decenal con 20 metas educativas hasta 2024 y allí fija el compromiso de aumentar la inversión hasta alcanzar al menos el diez por ciento (10%) del PBI marcando una apuesta trascendental de nuestro país vecino.

Es que obligarse a invertir en educación es crucial. La evidencia internacional es abrumadora en declaraciones de Centros de pensamiento, Universidades, organismos multilaterales y hasta de Premios Nobel de economía que la recomiendan.

¿Por qué es importante para Argentina hoy? Vale detenerse en tres motivos fundamentales:

1) Equidad social: hoy las brechas educativas son extremas y los estudiantes de sectores más desfavorecidos sufren la “indigencia de aprendizaje” y el “circulo vicioso generacional” que debe atenderse con urgencia.

2) Estancamiento económico: Estudiantes que no logran aprendizajes mínimos (86% de los estudiantes no los alcanza en Matemática y 55% de los adolescentes no comprende lo que lee) son sinónimo de pérdida de competitividad y de reducción para la atracción de inversiones.

3) Democracia y paz social: una sociedad no educada debilita el ejercicio de sus derechos y deberes y aumenta el riesgo de tensión social.

Tres Nobels, de distinta ideología, lo sintetizan mejor que nadie y obligan a pensar: “…una comunidad que descuida la educación de sus ciudadanos está limitando de manera severa su propio desarrollo económico y social”: Milton Friedman. “Una sociedad que no remunera adecuadamente a sus maestros es una sociedad que se resigna a la pobreza de sus capacidades”: Amartya Sen.

Y Joseph Stiglitz agrega: “No hay inversión más rentable que la educación y no hay componente más decisivo que los maestros. Reducir salarios docentes o no invertir en su capacitación es el camino más rápido a la mediocridad y desigualdad”.