En el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Coalición Cívica presentó un pedido formal al presidente Javier Milei para que el Gobierno revise catorce procesos de compra por un total de $8.823 millones preadjudicados a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. La empresa está bajo la lupa judicial por supuestos pagos de retornos de entre el 3% y el 8% a funcionarios nacionales.
La presentación fue realizada por los candidatos de la CC, Hernán Reyes (a diputado nacional por CABA) y Marcela Campagnoli (a senadora), quienes advirtieron sobre la «grave posibilidad de la consumación de delitos en contrataciones públicas». Según detallaron, tres expedientes corresponden a contrataciones directas y los once restantes a licitaciones públicas, todos ellos aún en etapa de preadjudicación, informo Infobae.
«En todos los procedimientos mencionados Suizo Argentina S.A. se presenta como oferente y los mismos se encuentran pendientes de adjudicación, es decir, aún no se ha perfeccionado la selección definitiva del contratista», señalaron Reyes y Campagnoli. En algunos casos, la droguería aparece incluso como única oferente.
La trama judicial de ANDIS
La investigación se inició tras la filtración de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde mencionaba el presunto pago de sobornos a funcionarios de primera línea del Ejecutivo, entre ellos Karina Milei y su asesor Eduardo «Lule» Menem. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos y secuestró dispositivos electrónicos.
En la causa también declaró el exasesor libertario Fernando Cerimedo, quien ratificó que Spagnuolo le había contado en privado lo mismo que luego se conoció públicamente.
El propio presidente Milei se refirió al escándalo y cargó contra Spagnuolo: «Si me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza», expresó días atrás.
Los argumentos legales
Los referentes de la CC recordaron que el Decreto 1023/2001 establece como causal de exclusión de una licitación el pago de coimas por parte de un oferente. Además, el artículo 28 del mismo decreto impide contratar con el Estado a personas procesadas por delitos contra la Administración Pública o corrupción.
En ese sentido, señalaron que si la causa derivara en el procesamiento de los directivos de Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la empresa quedaría automáticamente inhabilitada para contratar con el Estado, incluso antes de una sentencia firme.
«Las sospechas fundadas de corrupción constituyen, indudablemente, una de esas circunstancias que hacen imperativo accionar», remarcaron Reyes y Campagnoli.
El allanamiento a Osprera
En paralelo, el juez Sebastián Casanello, con el impulso del fiscal Guillermo Marijuán, ordenó un operativo en la sede central de Osprera, la obra social del gremio de trabajadores rurales, en busca de documentación vinculada a Suizo Argentina.
Durante los primeros cinco meses de intervención estatal, Osprera giró más de $7.700 millones a la droguería de los Kovalivker, pese a que una auditoría interna ya había advertido una deuda superior a los $3.000 millones.
La pesquisa también apunta a vínculos políticos. Un peritaje sobre el teléfono del interventor de la obra social, Marcelo Petroni, reveló contactos frecuentes con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y con el asesor presidencial “Lule” Menem. En mensajes internos, Petroni se definía junto a su entorno como “Nosotros somos Lule y Karina”.
La causa, aún bajo secreto de sumario, sigue sumando pruebas y podría avanzar hacia indagatorias de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. En el Congreso, la oposición ya impulsa la interpelación a Karina Milei y mantiene abierto un frente político que compromete directamente a la administración libertaria.
