La justicia federal abrió una investigación para determinar si la familia Menem está detrás de maniobras irregulares vinculadas a la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera). Según la denuncia presentada por la UATRE (sindicato de los trabajadores rurales), se trataría de “un plan criminal” para controlar el organismo.
Según fuentes judiciales, el fiscal Guillermo Marijuán ordenó allanamientos en la sede de Osprera, así como presentaciones ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en el domicilio de la empresa HTECH Innovation SA, que pertenece a un socio del presidente de la Cámara de Diputados. En esas actuaciones se busca documentación sobre contratos con laboratorios, especialmente con la droguería Suizo-Argentina, involucrada previamente en el escándalo de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Mensajes internos atribuidos al interventor de Osprera muestran una cercanía explícita con “Lule” Menem y con su hermana presidencial. En esos textos, el interventor admite alinearse con su agenda política, lo que refuerza las sospechas de que la intervención no se habría dado por razones estrictamente técnicas o sanitarias, sino por intereses partidarios.
La denuncia de la UATRE plantea que el objetivo central fue desplazar a dirigentes y sindicalistas del control de la obra social para dejarla bajo la órbita política del oficialismo. Se habla de negociados en contratos, compras y manejo de medicamentos con sobreprecios.
Hasta el momento no trascendió un testimonio de valor central proveniente de la familia Menem ni del interventor que contradiga la acusación, aunque fuentes del sindicato y de sectores judiciales admiten que el entramado es complejo y con múltiples actores por seguir investigando.
