Diario HOY | Instan a crear espacios verdes en hospitales oncológicos

Los diputados colorados Néstor Castellano, Jazmín Narváez, y Saúl González indicaron la necesidad de adoptar las medidas necesarias para impulsar áreas de recreación y de práctica de actividades deportivas en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), y en los hospitales de la red, con el fin de promover el bienestar físico y mental, tanto de los pacientes como del personal de blanco.

Los legisladores recordaron que la Ley N° 6266/2018, “De Atención Integral a las Personas con Cáncer”, establece, en su Artículo 1º, la garantía de acceso oportuno y de calidad a una atención digna e integral, que incluye promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, salud mental y cuidados paliativos.

Asimismo, en su Artículo 15, la normativa dispone que la atención integral debe cubrir las diferentes etapas de la vida, asegurando un continuo de servicios en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, trasplantes, salud mental y cuidados paliativos.

A su vez, el Artículo 20 prohíbe toda forma de discriminación, distinción, exclusión o restricción basada en el estado de salud de la persona, garantizando el goce pleno de sus derechos y libertades fundamentales.

El Decreto N° 2064/2019, reglamentario de la citada ley, atribuye al Ministerio de Salud la responsabilidad de diseñar y aprobar políticas, planes y programas relacionados al cáncer, así como velar por su cumplimiento y ejecución en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Según los proyectistas, la implementación de espacios verdes con fines recreativos y deportivos en hospitales oncológicos se constituye en una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida, al reducir ansiedad, depresión y estrés, además de fortalecer la salud física y el bienestar integral.

Se resaltó, especialmente, la necesidad de habilitar estas áreas en el INCAN, donde numerosos pacientes del interior deben permanecer durante periodos prolongados de sus tratamientos, lo que hace indispensable contar con entornos que favorezcan la salud mental.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la ampliación presupuestaria para el Instituto de Previsión Social (IPS), por G. 189.323 millones, financiados con recursos propios de la institución. Esa decisión debe contar ahora con el apoyo de los Diputados.

El presidente del IPS, doctor Jorge Brítez, explicó en entrevista con GEN que el refuerzo financiero es clave para sostener servicios tercerizados, alimentación de pacientes y funcionarios, además de cancelar deudas pendientes.

“Este 2,5% de ampliación equivale a unos 26 millones de dólares al mes, destinados al pago de servicios y cuentas atrasadas. Es un respiro necesario para seguir honrando compromisos”, indicó.

Por otro lado, Brítez destacó que, con la implementación de programas como Hambre Cero, el IPS está sumando nuevos contribuyentes, lo que implica mayor demanda de camas y servicios en todo el país. “Ya habilitamos más plazas en 28 establecimientos, incluyendo el Hospital Central, Luque y la Clínica 12 de Junio. Nos estamos preparando para recibir a más asegurados”, señaló.

Aclaró, no obstante, que no habrá incremento del aporte obrero-patronal. Sobre el pago del décimo tercer salario a jubilados, aseguró que el objetivo es cubrirlo con fondos propios, evitando incertidumbres anuales. “Queremos una solución definitiva para que los jubilados no dependan de gestiones año a año”, afirmó.

En cuanto a la recaudación, explicó que la institución busca optimizar cobros mediante un sistema informático en proceso de licitación. “Con esta herramienta esperamos mejorar hasta en un 50% la recaudación del aporte obrero patronal”, adelantó.

En otro momento de la entrevista, Brítez reconoció que la deuda global del IPS ronda los 900 millones de dólares. Detalló que con las farmacéuticas se cerró un acuerdo hasta diciembre de 2024, mediante cesión de derechos a bancos con una tasa del 3,5%, muy por debajo de los préstamos convencionales. “Pagamos una deuda y al día siguiente volvemos a deber, porque el IPS no se detiene porque siguen entrando medicamentos e insumos”, explicó.

El pasivo se divide en aproximadamente USD 590 millones con bancos y constructoras, y entre USD 300 y 350 millones con farmacéuticas. A ello se suman compromisos heredados, como la Ley Samaniego, por USD 250 millones a 12 años, de acuerdo con el titular de la institución.

Así también, el presidente del IPS resaltó avances en obras estratégicas. El centro nefrológico y de hemodiálisis será inaugurado próximamente en el Hospital Central, con equipos de última generación. Además, el Centro de Hematología y Oncología ya se encuentra en etapa avanzada de construcción, con entrega prevista para junio de 2026.

“Este complejo atenderá a unos 130 pacientes oncológicos internados y también contará con Hospital Día para tratamientos con drogas especializadas”, detalló.

Por último, la autoridad valoró la decisión del Senado de equiparar el salario de los médicos residentes del IPS con los del Ministerio de Salud. “Es un logro que garantiza igualdad de condiciones para los profesionales”, remarcó.

Con la ampliación, el presupuesto del IPS para el 2026 será de USD 1.800 millones, lo que representa un incremento del 16% respecto a este año.

“Cada defensor público es el representante del niño, es como ser su papá o su mamá. Tenía que estar pendiente de qué ocurría con la adolescente, de su asistencia a clases, de los cambios en su contexto de vida. Ese monitoreo debió ser informado al juzgado para revisar la medida de cuidado. Eso no ocurrió”, manifestó Escobar en charla con el canal GEN.

El viceministro recordó que el proceso judicial se abrió en el 2020 tras el asesinato del padre y la detención de la madre por drogas. Los hermanos quedaron a cargo de una madrina, con autorización judicial, pero sin el control suficiente. “Se formó una tormenta perfecta, con problemas conductuales, vulnerabilidad y la falta de un acompañamiento real. La adolescente terminó siendo un blanco fácil”, agregó.

En cuanto al hermano menor de 12 años, indicó que ya fue entregado a tíos maternos por orden del Juzgado de la Niñez de Luque, bajo la responsabilidad de la defensora pública Laura Vera Meyer y la jueza Emilia Bolaños.

El viceministro insistió en que el Ministerio de la Niñez no tuvo injerencia directa en el caso, al ser competencia exclusiva del juzgado y la Defensoría. No obstante, afirmó que la ausencia de controles permitió que la adolescente abandonara la escuela y quedara expuesta hasta su muerte.

“El Código de la Niñez establece claramente que el defensor público debe velar por el contexto del niño. Ese es su rol central. Si ese trabajo no se cumple, el riesgo es altísimo, y lamentablemente vimos las consecuencias”, señaló.

Según informó el canal GEN, el caso estaba siendo llevado por la defensora de la niñez Laura Vera Meyer y la jueza Emilia Bolaños.

Víctor Insfrán, integrante del Consejo del IPS en representación de los trabajadores, explicó que el pago adicional o aguinaldo a favor de los jubilados, carece de una cobertura financiera fija, razón por la cual, surgió la propuesta de incrementar el aporte obrero patronal.

“Yo propuse rechazar y el Consejo apoyó la medida porque evidentemente es una medida política y económica muy injusta. Nosotros rechazamos eso porque es muy fácil no tener recursos y meter la mano en tu bolsillo”, explicó Insfrán, en una entrevista con la 730 AM.

Consultado acerca de la posibilidad de que se pueda insistir en ese plan, contestó: “No corre, oficialmente puedo decir que no corre, no podemos tomar ese tipo de medidas de ninguna manera”.

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Para el consejero, antes que pedir más aportes, lo que se necesita es analizar un conjunto de reformas en lugar de descontar dinero. Para ello, sugirió, se requiere abrir un canal de diálogo con empresarios, trabajadores, jubilados y toda la cadena involucrada, a fin de encontrar una solución definitiva.

Con esto, la iniciativa del Comité de Reformas Legales del Instituto de Previsión Social (IPS) no llegará al Congreso Nacional, ya que se estancó en el propio Consejo del IPS, de donde debía salir rumbo al Legislativo para pretender entrar en vigencia.

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